El Grupo Parlamentario del PP ha presentado una interpelación al Gobierno regional sobre la política de desarrollo alternativo de las comarcas mineras y la gestión de los fondos mineros para su debate en el Pleno que se celebrará el jueves y el viernes (13 y 14 de octubre) y que será el primero de la actual legislatura tras la supresión de varias sesiones con el voto de Foro y PSOE. El PP ha pedido garantías a los demás partidos representados en la Cámara para que se celebren los plenos de del 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de noviembre para evitar así que Foro y PSOE aprovechen el parón por los Premios Príncipe y la cercanía de las elecciones del 20-N (la campaña electoral comienza el 4 de noviembre) para retrasar de nuevos las sesiones plenarias correspondiente a esas fechas.
El PP abrirá el debate en el hemiciclo de otros asuntos como son la presentación de una proposición no de ley para reclamar la elaboración de un proyecto de ley de modificación de la Ley del Principado de Asturias 5/1990, de 19 de diciembre, por la que se pretende elevar la edad para la compra de alcohol desde los 16 años actuales a los 18 años y de un nuevo Plan sobre Drogas en Asturias. La intención del PP es luchar contra el abuso del alcohol entre los jóvenes reduciendo sus posibilidades de acceder al mismo con al elevación de la edad mínima para comprar.
Además, el PP presentará una interpelación al Consejo de Gobierno sobre al política de desarrollo alternativo de las comarcas mineras y en especial sobre gestión de los recursos destinados a dicho desarrollo y conocidos como “fondos mineros” al recibirse preocupantes informaciones de que muchos de esos fondos nos e han gastado y que los proyectos adheridos a esos fondos no se ha realizado por dejadez o desidia del Gobierno regional anterior”.
Sumado a lo anteriormente explicado, el Grupo Popular presenta tres preguntas urgentes al Gobierno regional, dos al consejero de Hacienda y Sector Público, sobre “si son ciertas las informaciones que señalan la existencia de importantes retrasos por parte de la Administración regional en el pago de sus obligaciones con los proveedores”, sobre “la existencia de importantes retrasos por parte de la Administración en el pago de las transferencias a las empresas de sector público regional” y sobre “la existencia de importantes retrasos por parte de la Administración en el pago de las transferencias correspondientes a los convenios con las entidades locales en materia de prestaciones sociales básicas”.
