En una actuación desarrollada en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Parla y Madrid capital han sido arrestadas 21 personas y otras 23 imputadas, tras detectar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores en dos empresas que aparentemente carecían de actividad laboral real. Las mercantiles ocasionaron un fraude de 1.404.082,03 € por impagos de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social y por el cobro fraudulento por parte de los supuestos trabajadores que solicitaron prestaciones al SPEE.

Por otra parte, en una investigación realizada en Las Palmas de Gran Canaria, se consiguió detectar las actividades de un empresario que, desde el año 2000, evitó pagar las cuotas a la Tsesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante el cierre y la creación de empresas con testaferros. La operación culminó con el arresto de 4 personas y la imputación de otra más por los mismos hechos.

Empresas sin actividad real

Los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial, alertados por el Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la TGSS, iniciaron las pesquisas sobre dos mercantiles madrileñas que acumulaban cuantiosas deudas como consecuencia de los continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real.

Las averiguaciones practicadas indicaban que al menos 42 supuestos trabajadores, tras acumular los periodos de carencia legalmente establecidos para acceder al derecho a las mismas, habían solicitado y cobrado prestaciones o subsidios por un importe cercano a los 139.000 euros, una vez dados de baja en las empresas y gracias a los certificados facilitados por el administrador único de las mercantiles investigadas.

Además, desde el inicio de su actividad incumplieron la obligación de ingresar a la TGSS las cuotas de los trabajadores, lo que supuso un impago de más de 1.265.000 euros. A estas deudas habría que sumar también las contraídas por el administrador de las sociedades por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que ascendían a cerca de 17.700 euros.

Del estudio de la documentación facilitada por el TGSS se determinó que en ambas empresas habían figurado de alta 281 trabajadores, de los que 59 continuaban en la actualidad en la misma situación, por lo que la deuda contraída continuaría incrementándose mes a mes. Igualmente se comprobó que los domicilios aportados por las mercantiles eran falsos.

Esta investigación se ha saldado con el arresto de 21 personas y la imputación de otras 23 como presuntos responsables, según los casos, de los delitos contra la seguridad social, falsedad documental y estafa.

Sociedades para desviar fondos

Paralelamente, en otra investigación realizada en Mogán (Las Palmas de Gran Canaria) se identificaron las actividades de un empresario del ramo de la restauración que, desde el año 2000, evitó pagar las cuotas a la TGSS mediante el cierre y la creación de empresas con testaferros y acumuló deudas con la TGSS por un importe próximo a los 925.000 euros.

Las mercantiles que gestionaban la actividad del restaurante, hasta un total de seis y administradas por empleados del comercio, se veían apoyadas por otras dos empresas instrumentales, registradas bajo el nombre de soltera de su mujer. A estas sociedades se desviaban los fondos obtenidos tanto por los ingresos de pago con tarjeta como en metálico. Además, utilizaban otra mercantil en la que registraban las propiedades del matrimonio, incluido un bloque de apartamentos y su propio chalet,  con la que trataban de ocultar propiedades a los Servicios de Recaudación. Por todo ello se les imputó a los detenidos un delito de insolvencia punible.

La deuda contraída superó el límite de 120.000 euros en el año natural y, dado que se habían efectuado maniobras fraudulentas como trasvase de trabajadores, ocultación de la sede empresarial, uso de testaferros, etc, se procedió a imputar a los administradores y al propietario "de facto" un delito contra la Seguridad Social.

Además, se averiguó que los trabajadores estaban dados de alta cuatro horas al día cuando al menos realizaban turnos de 8 horas; cobraban en metálico diariamente; y que si no trabajaban por estar enfermos o no poder asistir, no cobraban. Incluso, si cogían vacaciones eran despedidos y contratados al regreso y se les facilitaban nóminas ficticias que no concordaban con los ingresos reales. Por todo ello se procedió a la imputación de un delito contra los derechos de los trabajadores a los propietarios y administradores de las mercantiles.

Esta segunda investigación finalizó con la detención de 4 personas y la imputación de otra más, presuntamente responsable de dos delitos contra la seguridad social, uno de insolvencia punible y delitos contra los derechos de los trabajadores. La deuda acumulada por las mercantiles asciende a cerca de 925.000 euros.

Ambas operaciones han sido realizadas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscritos a la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial.