-   La atención a las mujeres víctimas de violencia de género se refuerza con la subida de los fondos para la red de casas de acogida, que superan el millón de euros, y un programa de apoyo en los juzgados dotado con 50.000

-   La colaboración con los ayuntamientos se materializa en el fomento de la participación ciudadana a nivel local, el aumento de recursos para el Plan Sapla y el respaldo a las oficinas jóvenes

-   La partida reservada a las ayudas al retorno se duplica y alcanza los 90.000 euros con el objetivo de atender el aumento de solicitudes, recibidas mayoritariamente desde Venezuela

-   El apoyo al pueblo saharaui y la población refugiada se mantienen como prioridades en el ámbito de la cooperación exterior

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha presentado hoy en la Junta General el proyecto de presupuestos de su departamento para 2018, que suma 135,2 millones, un 6,4% más que este año, y permitirá culminar la implantación del expediente judicial electrónico, con una dotación de casi 1.000.000 euros; aplicar el incremento retributivo pactado con el personal de justicia y poner en marcha un nuevo programa para la reorganización de archivos en este ámbito. La mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género figura también entre las prioridades para el próximo ejercicio, mediante un aumento del 11,35% de los fondos para la red de casas de acogida y el desarrollo de un proyecto de apoyo en los juzgados. Además, el respaldo a las personas emigrantes se concreta en las cuentas con una consignación para las ayudas al retorno que alcanza los 90.000 euros, un 125% más.

Las actuaciones relacionadas con la justicia tendrán una dotación de 53.274.180 euros (un 8,82% más) que permitirán, entre otros objetivos, extender el expediente electrónico a todos los órganos judiciales y fiscales. Para ello, se ha habilitado una partida de 972.510 euros, un 34% superior a la de este año. El aumento de la remuneración de los trabajadores será posible gracias a una subida de 1.684.052 euros en este apartado, de los que 1.582.652 se destinan al complemento transitorio de 1.190 funcionarios -incluyendo al personal interino de refuerzo- y 101.400 al de prestación de servicios en juzgados que tramitan casos de violencia machista, que beneficiará a 127 empleados.

El impulso de un programa para la reorganización de archivos judiciales, por un importe de medio millón, dará continuidad a la primera fase iniciada en el Palacio de Justicia de Oviedo, que implica también la remisión al Archivo Histórico de expedientes anteriores a 1992, una vez catalogados y documentados, para liberar espacio en los juzgados.

La recuperación de la memoria histórica tendrá por segundo año una partida propia de 25.000 euros y otra por igual importe para una nueva convocatoria dirigida a entidades sin ánimo de lucro para acciones de sensibilización. Además en el primer trimestre de 2018 se presentará el catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura.

La dotación para la asistencia jurídica gratuita sube por sexta vez (un 47,3% desde 2013) y se sitúa en 5,6 millones, la más alta desde la asunción de las competencias. Aumentan, asimismo, los fondos para justicia del menor, concretamente un 4,55%, hasta los 6,9 millones, lo que favorecerá la mejora de las instalaciones del centro de Sograndio, con un coste 69.600 euros; el impulso de medidas judiciales en medio abierto e iniciativas extrajudiciales, con 351.957, y el desarrollo de acciones ante casos de violencia filioparental (199.290 euros).

Apuesta decidida por la igualdad

La apuesta por la igualdad se materializa en un incremento del 12,29% del presupuesto y un total de 2,5 millones que se dedicarán a la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales. La red de casas de acogida dispondrá de 1.002.000 euros, 102.000 más que este año, para hacer frente a la creciente demanda de ocupación. Para los compromisos recogidos en el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres se reservan 2,2 millones.

Destaca una partida de 55.000 euros orientada a la implantación de un servicio de apoyo a los juzgados de violencia de género, en colaboración con Cruz Roja, para la elaboración de informes periciales que ayuden a acreditar la existencia del maltrato, especialmente en casos de abuso psicológico, más difíciles de demostrar.

Avance en políticas de juventud

Un total de 2.998.005 euros servirán para desarrollar acciones destinadas a jóvenes, como el apoyo al asociacionismo y los consejos de la juventud (756.420 euros), la recuperación del certamen de grafitis (124.800 euros), las oficinas jóvenes y el mantenimiento de la residencia Ramón Menéndez Pidal (220.000 euros), entre otros.

El próximo año será el del avance definitivo de las leyes de Participación y Promoción Juvenil, cuyo borrador se presentará al Consejo Rector de la Juventud el próximo día 15, y de Garantía del Derecho al a Libre Expresión de la Identidad Sexual y/o de Género.

Fomento de la participación ciudadana

El impulso del gobierno abierto estará respaldado con 4.118.670 euros. Uno de los objetivos es fomentar la participación en el ámbito municipal mediante un convenio de colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) dotado con 50.000 euros. De este modo, se ejecutará una de las propuestas recogidas en el Libro Blanco de Participación Ciudadana presentado recientemente.

También se consolidará la presencia del Principado en Bruselas, con una dotación de 14.000 euros que permitirá renovar el convenio con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Reper) para mantener una oficina en la capital belga.

Atención a las necesidades de la emigración

A las políticas de emigración se destinan 1.667.583 euros. Las ayudas al retorno atenderán el incremento de peticiones, mayoritariamente recibidas desde Venezuela, con un presupuesto que crece un 125% y se sitúa en 90.000 euros. Por otra parte, se recupera la celebración del Congreso Mundial de Asturianía, que contará con un presupuesto de 150.000. El último encuentro tuvo lugar en Gijón hace doce años.

Las políticas sociales, que concentran el 78% de las transferencias corrientes, constituyen la pieza angular del apoyo a la emigración y al retorno. En el período 2013-2017 alcanzaron los 3,2 millones, de los que un 97% fue para ayudas directas a emigrantes y personas retornadas, a través de los dos tipos de subvenciones individuales y los convenios asistenciales.

Para el próximo año se estima un gasto en este apartado de 758.000 euros, de los cuales 658.500 se destinarán a ayudas directas. Respecto a las individuales, dotadas en los últimos cinco años con 1,85 millones que han beneficiado a 4.803 personas, en 2018 se financiarán con 370.400 euros. Los convenios asistenciales acumulan 1.034.000 euros en el período 2013-2017 y su renovación supondrá 198.000.

El apoyo a los centros asturianos y la Federación Internacional de Centros crece un 25% respecto a este ejercicio, en el que ya aumentó el 17%. Con esta partida se convocará la VI promoción de la Escuela de Verano de Asturianía y se recuperarán las ayudas a la inversión para mejorar el mantenimiento de sus sedes sociales.

Cooperación exterior

El respaldo al pueblo saharaui, con 440.000 euros, y a la población refugiada, con 728.000, se mantienen como prioridades del Ejecutivo en cooperación exterior, a la que se consignan más de 4,8 millones, de los que 400.000 euros son para ayuda humanitaria. Otros 165.000 irán a proyectos específicos de infancia y 50.000 más a impulsar acciones de sensibilización en colaboración con la FACC.

Como novedad, se recupera el Premio Jovellanos Resistencia y libertad, para reconocer la labor de entidades o personas que destacan por su defensa de los derechos humanos, y se incrementa un 24% la subvención a la coordinadora de organizaciones no gubernamentales para fomentar la sensibilización y la educación para el desarrollo. También se lanzará una convocatoria de proyectos de empoderamiento político y social de las mujeres, con una dotación de 150.000 euros.

Dado el éxito del programa Juventud asturiana cooperante, que se puso en marcha este año y en cuyo marco se adjudicaron once becas, en 2018 se mantendrá con una dotación de 35.000 euros, un 16,66% más.

Está prevista también una convocatoria de ayuda de emergencia abierta y permanente que alcanzará los 150.000 euros.

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa)

El proceso de renovación de vehículos e instrumentos de intervención en emergencias continuará el próximo año con una inversión de 500.000 euros, lo que suponen 2,5 millones en el período 2017-2018. En protección civil, se refuerza el impulso al voluntariado en el ámbito local con un convenio con la FACC por un importe de 100.000 euros.

El Plan Sapla estará dotado con 450.000 euros, lo que implica un incremento del 50% respecto a este año. La subida persigue mejorar la subvención a los ayuntamientos para la contratación de personal destinado al servicio de salvamento y respaldar la adquisición del material necesario.

Cruz Roja, por su parte, recibirá 80.000 euros para la realización de labores preventivas y la movilización de medios humanos y materiales de  apoyo en la resolución de emergencias.