Los tres presidentes han firmado hoy, en el marco del Primer encuentro de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, una Declaración Institucional en la que fijan objetivos comunes para las tres autonomías.

Los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León, Javier Fernández, Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo, han rechazado este lunes la propuesta del Lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, de tomar como referencia el modelo vasco para la financiación del resto de Comunidades Autónomas. La Declaración Institucional reza así:

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En consecuencia, los gobiernos de las tres Comunidades Autónomas participantes en el Encuentro DECLARAN:

Primero.- Que consideran necesario impulsar de forma urgente un nuevo modelo de financiación autonómica, tal y como se acordó en la última reunión de la Conferencia de Presidentes, que debe reforzar los siguientes principios:

1. La garantía de la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios, garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.

2. El nuevo sistema debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, huyendo de cualquier tipo de negociación bilateral. 3. La corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, dotando al sistema de mayores recursos..

4. La potenciación del principio de suficiencia garantizando que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro. El sistema debe garantizar la suficiencia dinámica a través de la vinculación de los recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado. 5. Debe definirse un sistema de nivelación total, que garantice la suficiencia para todos los servicios asumidos. Para ello existirá un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas.

6. La incorporación de la cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.

7. La potenciación de los mecanismos de nivelación, a través de una dotación suficiente de estos mecanismos.

8. En desarrollo de los principios de suficiencia estática y dinámica y de nivelación, las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales. Mientras se utilice un sistema de aproximación indirecta deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, entre otros.

9. La evaluación de las necesidades reales se realizará de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales.

- Se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia. El cálculo de las necesidades reales se realizará teniendo en cuenta las siguientes variables: número de personas dependientes atendidas, grado de dependencia, tipo de prestación y dependientes potenciales y la dispersión territorial. La financiación deberá ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la Ley de Dependencia.

- Se evaluará de forma especial el déficit en la financiación del gasto sanitario y la dinámica de crecimiento de este gasto. En particular el gasto sanitario se ponderará en función de su peso actual en el gasto real de las CC.AA., y se financiará ajustando la variable grupos de edad del gasto sanitario, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85 años) y aumentando su ponderación, tal y como viene evidenciando la dinámica de este gasto. Además se realizarán revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación

- Se tendrá en cuenta la inversión en políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y de apoyo a la natalidad.

10. La evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual incorporados en el actual sistema de financiación.

11. La plena efectividad del principio de lealtad institucional, que impida que decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios, debiendo éstas ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse. A tal efecto, deberán procederse a la evaluación, en el marco del principio de lealtad institucional previsto en el actual sistema, de las diferentes medidas adoptadas por el Estado que hayan podido afectar a los ingresos y gastos autonómicos.

12. La redefinición de la recaudación normativa de modo que se garantice que a cada territorio se le imputan los recursos que le corresponden, y que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su autonomía financiera, asuman la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa. En este sentido, debería impulsarse una ordenación sobre unas bases comunes de la regulación de los tributos cedidos (como ya sucede con el IRPF), garantizando una recaudación homogénea en todo el territorio que sirva como elemento de apoyo a las necesidades de gasto y fomente la corresponsabilidad fiscal.

13. La potenciación de las políticas de desarrollo regional y en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad a través de recursos adicionales a los del sistema de financiación, mediante una adecuada dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto.

14. La reforma del sistema de financiación deberá abordar la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas bajo las premisas de que las diferencias entre Comunidades Autónomas en el volumen de deuda acumulada no se corresponden con una eventual mejor o peor financiación relativa asignada por el actual sistema y que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas.

15. La evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local sobre la financiación y las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas. Asimismo consideran necesario que se aborde la necesaria reforma de la financiación local.

Segundo.- Que consideran las dificultades que los desafíos demográficos plantean para sus territorios respecto de la prestación de servicios públicos de calidad. Por ello declaran necesaria la aprobación de la “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”, adoptada en el seno de la última reunión de la Conferencia de Presidentes, que deberá contemplar compromisos presupuestarios del Gobierno de España y tener en cuenta el coste real y efectivo de la prestación de servicios y del desarrollo de políticas de conciliación y de apoyo a la natalidad en cada territorio.

En particular, para abordar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, comparten los cinco ejes de trabajo planteados por el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos en su reunión del 26 de junio de 2017, con las propuestas más urgentes:

- Favorecer un envejecimiento activo y saludable en el entorno habitual y convertir en una oportunidad los retos derivados de la longevidad de la población, a través de la innovación social, la investigación y la promoción de la economía del envejecimiento. Fomentar la capacitación digital de las personas mayores y dotar de infraestructuras y equipamientos el territorio, garantizando la accesibilidad, movilidad y el transporte.

- Creación de entornos favorables para las familias, aproximando la natalidad realizada con la deseada, mediante políticas de vivienda y de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, con medidas incentivadoras a familias con bajos niveles de renta y miembros con discapacidad o dependencia, así como con políticas empresariales a favor de la igualdad.

- Generar mayores oportunidades para la juventud, apoyando la generación de empleo y formación, y adecuando los incentivos públicos orientados al primer empleo y al empleo joven a las demandas reales.

- Promover nuevas condiciones de vida para atraer nueva población, tales como programas de vivienda a los más jóvenes y con escasos recursos, así como la conectividad a la banda ancha, aplicando líneas “Smart city” en zonas en declive demográfico para la incorporación de talento joven, emprendedores y tecnología. También se busca promover iniciativa en áreas como turismo, artesanía, agricultura, ganadería, biomasa y otras energías renovables.

- Propiciar un desarrollo económico y social sostenible en el medio rural, impulsando estrategias de economía verde y circular de aprovechamiento de los recursos naturales de lucha contra el cambio climático y de bioeconomía. Y optimizar sistemas de producción agraria, atender los criterios de ruralidad fijados en la Ley nacional de Desarrollo Sostenible del medio rural para fijar población o buscar la equidad entre lo urbano y lo rural favoreciendo la movilidad de los empleados públicos.

Asimismo declaran urgente y necesario avanzar hacia una Estrategia europea horizontal en materia demográfica que aporte nuevos recursos económicos a partir de 2020 y que integre todas las políticas susceptibles de contribuir a hacer frente al cambio demográfico: cohesión, innovación, transporte, salud, políticas sociales y de empleo, TIC, desarrollo rural, emigración, etc., diseñando medidas en los distintos ámbitos que pueden incidir en este objetivo, de todas las políticas, tal y como se recoge en el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La respuesta de la UE al reto demográfico.

Tercero: Que, en este marco de cooperación institucional y, en relación con la situación de incendios forestales que de forma virulenta las tres Comunidades están experimentando, manifiestan:

- El recuerdo a las víctimas mortales y a sus familias, así como a las personas que resultaron heridas.

- El agradecimiento a la profesionalidad y entrega del conjunto de efectivos de extinción y de protección civil, así como a las Delegaciones del Gobierno de las tres comunidades autónomas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA); Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ayuntamientos, policías locales, voluntariado de protección civil y también a todos los vecinos y vecinas de los municipios afectados que prestaron su ayuda y colaboración.

- La necesidad de que más allá de la condena social a quienes hayan ocasionado intencionadamente los fuegos, es preciso sensibilizar y concienciar a la ciudadanía del peligro que la reiteración de este tipo de acciones puede conllevar sobre la vida de quienes intervienen en los operativos de extinción y de la población del medio rural. Provocar un incendio es una acción criminal que requiere de un amplio rechazo social y de la más contundente respuesta jurídica atendiendo a la naturaleza y gravedad de los hechos. 

Por todo ello, frente a los nuevos retos en materia de políticas de extinción y prevención de incendios, los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León acuerdan desarrollar las siguientes propuestas de trabajo:

1. Impulsar, en el marco de la Macrorregión del Sudoeste Europeo (RESOE) la colaboración necesaria para hacer frente al desafío que supone la evolución de los incendios forestales, especialmente de los grandes incendios. Propondremos a la Conferencia de Rectores de esta Macrorregión, que en el seno de sus objetivos y actuaciones, incorporen trabajos interdisciplinares en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, para avanzar desde la cooperación científica en la realización de proyectos y estrategias que puedan ser objeto de convocatorias europeas.

2. Revisar los protocolos de cooperación vigentes, potenciando la colaboración en la lucha contra los incendios forestales, impulsando la prevención y estableciendo un mapa común de recursos, que en tiempo real, puedan ser movilizados por las tres comunidades autónomas. Para ello se elaborará un protocolo específico que explorará además nuevas líneas de actuación que permitan profundizar en instrumentos de gestión de los grandes incendios forestales, desde la perspectiva de la extinción, de la prevención, la investigación y la sensibilización. En dicho ámbito se debería trabajar en el diseño de un sistema de gestión de emergencias por incendios forestales común que permita, en caso de apoyo recíproco, la incorporación de medios humanos y materiales en el Puesto de Mando Avanzado.

3. Potenciar el intercambio de experiencias entre profesionales, en el ámbito de la gestión forestal, la extinción, y la aplicación de los planes de protección civil, evaluando anualmente el desarrollo de estas acciones.

4. Establecer e implantar un marco formativo común en el que se unifiquen contenidos relacionados con la planificación, prevención e intervención de incendios forestales.

5. Explorar las posibilidades de actuación conjunta en la elaboración e impulso de campañas de divulgación y sensibilización tanto a nivel educativo como en el conjunto de la sociedad, con el objetivo de fomentar el respeto y la conservación del patrimonio natural.

6. Solicitar al Gobierno de España, a que en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil presidido por el Ministerio del Interior, se aborde la proliferación y simultaneidad de los grandes incendios (GIF) en los instrumentos de coordinación con las comunidades autónomas para hacer frente a las emergencias. De igual modo nos dirigiremos al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en su calidad de miembro del Grupo de Expertos de la Comisión sobre información forestal de la Comisión Europea para que dé traslado de la excepcionalidad de los incendios forestales en el noroeste peninsular y profundicen en el análisis del comportamiento, evolución, causas y tendencias de los incendios forestales en este ámbito territorial.

7. Promover la cooperación con el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León y los organismos e instituciones en defensa del medio ambiente, para establecer líneas de actuaciones conjuntas para una mejor coordinación en la lucha contra los incendios forestales:

? Actividades de formación y perfeccionamiento para jueces, magistrados y fiscales con destino en estas Comunidades Autónomas, así como para otros profesionales implicados. Tanto aquellas que consistan en la organización de encuentros, seminarios, coloquios, jornadas y cursos, como las que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a mejorar la eficacia en la lucha contra los incendios.

? Profundizar en los instrumentos y operativos destinados a la investigación de incendios forestales en las Administraciones Autonómicas en coordinación con la Fiscalía y la Guardia Civil, para erradicar la impunidad con la que actúan los incendiarios en las condiciones actuales. Labor que ha de implicar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a las consejerías competentes, para abordar también el mismo desde el punto de vista del desarrollo rural y la estructura de la vegetación y la infraestructura viaria.

? Reforzar la colaboración de las Administraciones Autonómicas con la Fiscalía de Medio Ambiente, agilizando la comunicación y el intercambio de información y aportación de pruebas entre los distintos órganos e instituciones.

? Intercambio de experiencias profesionales por las partes.

8. Solicitar al Gobierno de España el desarrollo de nuevas herramientas jurídicas que faciliten las investigaciones por delito de incendio forestal.

9. Solicitar al Gobierno de España el impulso de medidas de lucha contra el minifundismo, promoviendo convenios de promoción de la gestión agrupada de las tierras.

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