Por Melanie Gómez, abogada de LaBE Abogados.- La guerra entre taxistas y plataformas como Uber o Cabify parece que no tiene fin. Este mismo miércoles 29 de diciembre, la Federación Española de Taxi ha convocado una nueva huelga nacional de 24 horas por las nuevas concesiones de licencias a vehículos de alquiler con conductor (VTC).

 Los taxistas acusan a las nuevas plataformas de economía colaborativa de ejercer “competencia desleal”. Esgrimen como principal argumento que empresas como Uber tienen tres veces más licencias de las que le corresponden por ley, el cual establece que solo puede haber una licencia de arrendamiento de VTC por cada 30 licencias de taxista.

Sin embargo, lejos de suponer un incumplimiento de la normativa, para entender este desajuste hay que retroceder a 2009, cuando se aprobó la Ley Omnibus para liberalizar los servicios. Tras su puesta en marcha, todas las empresas que anteriormente no habían conseguido licencias por la vía administrativa, aprovecharon la nueva normativa y recurrieron ante tribunales de justicia que, en la mayoría de los casos, fallaron a su favor.

A pesar de que el Gobierno aprobó en 2013 una nueva regulación para volver a lo establecido antes de Omnibus y evitar así que prosperasen los recursos de obtención de licencias por vía judicial, el Tribunal Supremo aún tiene que decidir sobre 3.000 nuevas solicitudes de Uber y Cabify.

Por otro lado, los taxistas también se quejan de que sus licencias cuesten más del doble que las de VTC y de que sus tarifas, a diferencia de Cabify o Uber, estén reguladas. Todo ello, alegan, les deja en una situación de desventaja competitiva.

Sin embargo, la solución no debería pasar por una mayor restricción, sino precisamente por la eliminación de los límites de emisión de licencias y tarifas. Tal y como asegura el estudio Impacto socioeconómico de la modernización de los servicios VTC, elaborado por la consultora AFI, no sólo se beneficiarían los usuarios, también las administraciones públicas por dos grandes motivos:

En primer lugar, porque se mejoraría el transporte urbano sin necesidad de invertir mayores recursos públicos. En un mercado desregularizado, los precios caerían, lo que  fomentaría el uso de este tipo de servicios. Esto a su vez generaría un menor uso de los vehículos privados y, consecuentemente, se reducirían las emisiones de gases contaminantes.

En segundo lugar, porque las plataformas de los nuevos modelos de movilidad operan exclusivamente con medios de pago electrónico, y esto supondría una mejora en la transparencia de las transacciones y la sujeción de rentas que generan estas actividades.

Dado que se trata de un problema de carácter normativo y no de inspección, la pelota está en el tejado del Gobierno, quien espera aprobar a “principios de año” medidas para regular el sector.