El Gobierno de Asturias acepta la cesión de una parcela municipal para la construcción del Instituto de Educación Secundaria de La Florida, en Oviedo

-   El nuevo centro educativo, con capacidad para 480 alumnos, movilizará una inversión de 7,6 millones

-   Autorizado un gasto de 4.500.000 euros para la nómina del salario social de este mes

-   El Ejecutivo suscribirá convenios con 13 ayuntamientos para la gestión de los equipos de apoyo a la familia, a los que se dedican 1.183.350 euros

-   El Principado destina 1,1 millones al abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita del tercer trimestre

El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, de una parcela municipal de 15.000 metros cuadrados para la construcción del Instituto de Educación Secundaria (IES) de La Florida. El nuevo equipamiento contará con 18 aulas: 12 de Educación Secundaria y 6 de Bachillerato, para un máximo de 480 alumnos, además de talleres, unidades comunes, pista deportiva, gimnasio, área de administración, salón de actos y cafetería.

La inversión en el centro ascenderá a 7,6 millones y será cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El diseño del edificio favorecerá el desarrollo de un modelo de enseñanza innovador, flexible y dinámico. Así, frente a las aulas tradicionales, con mesas y sillas fijas en puestos individuales y orientados hacia la pizarra, se apuesta por espacios en los que el alumnado se convertirá en protagonista de su propio aprendizaje. Para ello, habrá zonas dedicadas al trabajo de investigación personal o en equipo y también áreas para exposiciones orales y debates.

Los diferentes ámbitos serán flexibles y podrán unirse para crear grandes áreas mediante el uso de tabiques móviles. Además, los materiales de construcción permitirán utilizar como pizarra al menos una de las paredes, mientras que las zonas comunes y los pasillos se concebirán también como entornos para la enseñanza.

La cesión de los terrenos permitirá avanzar en la ejecución de esta infraestructura educativa, cuyas obras comenzarán previsiblemente en septiembre de 2018 y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto de presupuestos para el próximo año, aprobado ayer, ya recoge una partida de 1,6 millones para los trabajos.

Más fondos para la renta mínima

El Ejecutivo autonómico ha autorizado un gasto de 4.575.000 euros para la nómina del salario social de noviembre. Una vez consumida casi en su totalidad la partida ampliable destinada al abono de esta prestación, que inicialmente ascendía a 105 millones, se habilitarán nuevos fondos para completar los pagos de los dos últimos meses del año.

El Gobierno de Asturias ha destinado hasta ahora 99.021.375 euros al pago de la renta básica, incluido el correspondiente a octubre. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales prevé que la nómina de este mes ascienda a 10,3 millones y llegue unas 22.000 familias que carecen de recursos suficientes para cubrir necesidades fundamentales.

El salario social básico constituye el principal instrumento para luchar contra la exclusión y el único apoyo para más de 47.800 personas que afrontan serias dificultades económicas.

Convenios para la gestión de los equipos de apoyo a la familia

El Principado suscribirá convenios con 13 ayuntamientos y entidades locales para la gestión de los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia (EITAF), a los que destinará este año 1.183.350 euros.

Estos equipos son recursos especializados que impulsa y financia el Gobierno de Asturias con el propósito de mejorar las relaciones socio-familiares y promover el bienestar de los menores. El año pasado, prestaron apoyo a 843 familias y 1.397 niños.

Las entidades locales se encargan de prestar el servicio, según lo establecido en los convenios. Así, los concejos cabecera de los equipos suscriben los acuerdos con el Ejecutivo y se encargan de aportar el local, contratar a los profesionales y ofrecer las prestaciones oportunas en toda la comarca. El resto de los municipios únicamente corren con los gastos de desplazamiento de los profesionales.

Acreditación profesional para el sector de la dependencia

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una nueva resolución de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por la que se regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención directa en centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta norma traspone y adapta al ámbito autonómico el acuerdo de 18 de octubre del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que flexibiliza las condiciones para garantizar la estabilidad en el empleo del sector. Concretamente, fija un nuevo plazo para exigir la cualificación profesional hasta 2022, amplía el ámbito de la habilitación excepcional y articula un régimen especial para el medio rural.

Una vez entre en vigor la resolución, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), los profesionales que trabajen en el sistema de la dependencia: auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores, cuidadores o auxiliares educadores, y carezcan de la titulación requerida, podrán solicitar ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la habilitación excepcional que les permita continuar con su labor si acreditan tener experiencia en la categoría correspondiente.

Pago de honorarios del turno de oficio

El Ejecutivo ha autorizado el pago de los honorarios de abogados y procuradores correspondientes a los servicios de asistencia jurídica gratuita del tercer trimestre, por un importe de 1.103.374 euros. Los fondos se distribuyen del siguiente modo:

-   653.260 euros al Colegio de Abogados de Oviedo.

-   385.586 euros al Colegio de Abogados de Gijón.

-   36.000 euros al Colegio de Procuradores de Oviedo.

-   28.555 euros al Colegio de Procuradores de Gijón.

Esta medida permite cumplir el compromiso adquirido con los colegios profesionales para hacer efectivas las indemnizaciones en un plazo máximo de tres meses desde la recepción de las actas de liquidación.

Con este último abono, los pagos aprobados este año rondan los 5,3 millones. La asistencia jurídica gratuita es una prioridad para el Gobierno de Asturias, dado que permite que las personas con escasos recursos económicos accedan a la defensa de sus intereses ante los órganos judiciales. En el último lustro, se han destinado 27,5 millones al abono de este servicio.

Convenio para la modernización de órganos judiciales

También se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para avanzar en el proceso de modernización de los órganos judiciales. En virtud de ese documento, el Gobierno central transferirá 178.691 euros al Principado, de acuerdo con las cantidades fijadas en el pleno de la conferencia sectorial celebrada el 26 de julio, en la que se establecieron los criterios de reparto de los fondos del programa para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión procesal común y de la fiscalía digital.

La cuantía asignada al convenio se suma a las cantidades recibidas en los últimos dos años, por un importe de 329.000 euros, que se han destinado en su totalidad a la adquisición de escáneres, pantallas, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, equipos multifunción y material tecnológico de salas de vista. Este equipamiento permite disponer de parte de la infraestructura necesaria para la implantación progresiva, a lo largo de 2018, del expediente electrónico judicial.