La Administración General del Estado se ha personado en los procedimientos judiciales activos relativos al vacío legal creado por la Ley Ómnibus con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía. Se reforzará la lucha contra el fraude e intrusismo en la prestación de este tipo de servicios

Madrid.-El Ministerio de Fomento ultima el desarrollo de una serie de medidas urgentes destinadas a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor (VTC).

Para mejorar la situación en el sector del taxi, asegurar su convivencia ordenada con el del alquiler de vehículos con conductor y analizar el impacto de las recientes sentencias judiciales que están otorgando nuevas autorizaciones VTC aunque se esté superando el ratio del 1/30, Fomento ha mantenido diversas reuniones con el sector para abordar estas medidas y reitera su voluntad de diálogo.

Competencias en el sector del taxi y de VTC

La regulación del sector del taxi y la gestión y otorgamiento de las licencias es competencia de los ayuntamientos quienes, junto con las comunidades autónomas, aprueban las tarifas y el número de licencias. A estos también corresponde la inspección de los servicios del taxi.

Por su parte, el Ministerio de Fomento no tiene competencias en la regulación del sector ni en el otorgamiento de las licencias.

Por lo que respecta al arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), la regulación de este sector y su desarrollo normativo es competencia del Ministerio de Fomento.

La gestión de las autorizaciones y su otorgamiento es responsabilidad de las comunidades autónomas por delegación del Estado y a estas también corresponde la inspección de estos servicios.

Ley Ómnibus

Las recientes sentencias que otorgan nuevas licencias de VTC son consecuencia del vacío legal que se produjo tras la aprobación en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de la Ley Ómnibus. El actual Gobierno ha resuelto este vacío con la aprobación de la modificación de la LOTT en 2013 y con su Reglamento de desarrollo en 2015.

Las autorizaciones de licencias VTC obtenidas por sentencia corresponden a recursos presentados entre 2009 y 2013 y, en menor medida, hasta la fecha de aprobación definitiva del reglamento de desarrollo de la Ley. Gracias a la nueva regulación del año 2013 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, se solucionó el problema de la inseguridad jurídica, evitando que prosperen los recursos para obtener licencias por la vía judicial presentados a partir de entonces.

Tras la nueva regulación en el sector se restableció la proporción concreta de 1 autorización de VTC frente a 30 licencias de taxi. Por tanto, las administraciones autonómicas no han otorgado autorizaciones cuando se ha llegado al límite del criterio del 1/30.

En este sentido, el Gobierno no tiene capacidad de actuar frente a autorizaciones que se están otorgando por la vía judicial, mediante sentencia, aunque se esté superando el ratio del 1/30.

Personación en los procedimientos judiciales

La Administración General del Estado se ha personado en los procedimientos judiciales activos relativos al vacío legal creado por la Ley Ómnibus con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias VTC por esta vía, y defenderá el actual marco normativo ante el contencioso abierto por la CNMC con objeto de mantener la prohibición de concesión de nuevas autorizaciones de VTC por estar superado el límite del 1/30.

Nuevo Real Decreto

El Ministerio de Fomento trabaja en un proyecto de Real Decreto para garantizar un convivencia ordenada y equilibrada entre ambos sectores que en estos momentos se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado y que se elevará próximamente al Consejo de Ministros.

Este nuevo Real Decreto está orientado a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor dada la relevancia que para la movilidad ciudadana tiene el transporte público de viajeros.

Asimismo, impedirá las prácticas especulativas de aquellos que han solicitado licencias de VTC con objeto de lucrarse con su inmediata reventa. De esta forma, se impedirá la transmisión de autorizaciones hasta pasados 2 años desde su otorgamiento.

La norma también contemplará la creación de un registro único a nivel estatal en el que deberán registrarse los servicios de VTC de manera previa a su prestación.

Con ello, se pretende garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos, evitando que los mismos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de concentración y generación de demanda, como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias.

De esta manera, también se podrá realizar un control mucho más eficaz del cumplimiento de la norma de habitualidad, por la que se permite a una autorización de VTC realizar hasta un máximo del 20% de los servicios, computado trimestralmente, fuera del territorio de la comunidad autónoma que le otorgó dicha autorización.

Así, se controlará de una forma más ágil la obligación de realizar de manera habitual, en un 80%, los servicios de VTC en el territorio de la comunidad autónoma que otorgó la autorización.

Esta normativa también reforzará el cumplimiento de los actuales requisitos de las autorizaciones de VTC, con el objetivo de impedir que pueda interpretarse que no sea necesario su cumplimiento en casos en los que el derecho a obtener dichas autorizaciones se haya adquirido mediante sentencia judicial y no tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.

Refuerzo de la inspección

La inspección y control de los servicios de VTC seguirá siendo un objetivo primordial dentro del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera del 2018, acordado con las comunidades autónomas.

Además, se reforzará la lucha contra el fraude e intrusismo en la prestación de este tipo de servicios, impulsando el control del cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad e incidiendo en los nuevos operadores que obtengan las autorizaciones por la vía de la sentencia judicial.

El Ministerio de Fomento va a seguir impulsando que se produzca un equilibrio ordenado entre la actividad de ambos sectores e insta de nuevo a todas las administraciones a que colaboren, cada una dentro de su marco competencial, a garantizar el cumplimiento de la ley vigente y a reforzar las inspecciones.