El consejero de Presidencia defiende la labor del centro de menores de Sograndio y anuncia nuevas medidas para mejorar su gestión y aumentar la transparencia
- El Principado elaborará un plan de inversiones para afrontar las adaptaciones necesarias en el equipamiento y revisará los 34 protocolos actuales de actuación ante incidentes
- Guillermo Martínez reitera en la Junta General que todos los internos reciben un trato adecuado y estrictamente ajustado a la normativa vigente
- El informe presentado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura valora las instalaciones, los programas de formación y terapéuticos y la opinión positiva de los jóvenes sobre el trato que reciben
El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha defendido hoy en la Junta General del Principado la labor del Centro de Responsabilidad Penal de Menores Casa Juvenil de Sograndio y ha anunciado nuevas medidas para mejorar su gestión y aumentar la transparencia. En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Asturias elaborará un plan de inversiones para afrontar las adaptaciones necesarias del equipamiento y revisará los 34 protocolos de actuación ante incidentes actualmente en vigor. Además, creará en un plazo de dos meses una comisión asesora que aporte propuestas, se encargará una evaluación externa sobre su funcionamiento y se reforzará la Unidad Terapéutica existente desde 2006.
El compromiso del Ejecutivo regional con las políticas relacionadas con jóvenes infractores se constata, según ha precisado Martínez, en la importante inversión que ha realizado en ellas, cercana a los 20 millones en los últimos tres años, y que sitúa el coste medio anual por plaza en Sograndio en 79.000 euros. Además, en este ejercicio han aumentado un 6% los fondos para la dotación de medios personales y materiales, con el fin de atender a los menores del mejor modo posible y promover su reincorporación a la sociedad.
Conclusiones del informe del CPT
El titular de Presidencia se ha referido también al informe que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) hizo público la semana pasada y que incluye conclusiones acerca de Sograndio. Sobre este documento, ha valorado las referencias favorables en relación con las instalaciones, los programas de formación y terapéuticos y la visión que de la institución manifiestan los propios internos. “Los menores no sólo no presentaron queja alguna contra el personal, sino que muchos afirmaron explícitamente que el trato que reciben es correcto”, ha precisado el consejero.
Martínez ha subrayado que tampoco se han presentado denuncias ante la Fiscalía o el Juzgado de Menores de Asturias sobre la existencia de posibles abusos o malos tratos, ni durante la permanencia de los infractores en el centro ni tras finalizar su condena, pese a que disponen de diferentes canales para hacerlo. Por ejemplo, las visitas periódicas del fiscal y de la jueza de menores, con quienes se entrevistan en privado, y los encuentros con sus letrados y representantes legales. También se realizan revisiones habituales con un equipo sanitario externo al centro, al que pueden comunicar cualquier cuestión que consideren oportuna.
Este recurso cuenta, además, con un protocolo de malos tratos, en virtud del cual cualquier empleado que tenga conocimiento de situaciones de abuso o trato vejatorio a un interno debe ponerlo en conocimiento de la dirección dado que, en caso contrario, podría ser sancionado.
Martínez ha garantizado, por tanto, que los menores “reciben un trato adecuado y estrictamente ajustado a la normativa vigente”. Asimismo, ha recordado que el centro está sometido a supervisión continua por parte del juzgado y la Fiscalía de Menores, que en ninguno de sus informes anuales hace referencia a posibles casos de violencia, trato humano o degradante contra los internos. Tampoco los ha constatado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito al Defensor del Pueblo, que realizó una visita a Sograndio en junio.
El Principado ha aclarado ya todos los extremos planteados por el CPT, que se han incorporado a la respuesta que el Gobierno de España ha dirigido al Comité del Consejo de Europa. Además, ha solicitado a la Fiscalía de Menores que realice una investigación para despejar cualquier duda y ha pedido a la dirección del centro que informe sobre los asuntos cuestionados.
