Madrid.- Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional, ordenó este jueves el encarcelamiento, sin fianza y sin juicio, del exvicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras, y los consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Dolors Bassa, en una operación que será difícilmente compartida por la Justicia de Bélgica, según juristas, que tendrá que resolver la orden de detención también dictada hoy contra el cesado presidente Puigdemont. Por contra, los medios gubernamentales del PP aseguran que Bélgica se plegará sin análisis a la requisitoria española.
La juez acuerda prisión incondicional para el exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers
Madrid (Poder Judicial).-La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruye la causa contra catorce exmiembros del Govern de la Generalitat de Cataluña por delitos de rebelión, sedición y malversación, ha acordado este jueves el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente del Ejecutivo autonómico Oriol Junqueras y de los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familia), Meritxell Borràs (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Joaquim Forn (Interior) y Carles Mundó (Justicia).
La magistrada también ha acordado el ingreso en prisión del exconseller de Empresa y Conocimiento Santiago Vila, que dimitió de su cargo horas antes de la votación el pasado 27 de octubre en el Parlament de Cataluña de la declaración de independencia, aunque éste saldrá en libertad si deposita la fianza de 50.000 euros que le ha sido exigida.
En todos los casos, las medidas acordadas por la juez son las solicitadas por el Ministerio Fiscal.
En el auto en el que decreta la prisión incondicional de los ochos primeros, Lamela considera que existe riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos que se les imputan y las penas que llevan aparejadas y añade que “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.
“Se aprecia también alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern de la Generalitat”, añade la juez.
La magistrada, por último, afirma que “existe alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las actividades delictivas descritas en esta resolución se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años (…), reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que los investigados conocían de forma personal y directa”.
En cuanto a Santiago Vila, Lamela señala que también aprecia riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero dice que, “frente a los demás querellados, no se aprecia en el señor Vila riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, es decir, un día antes de que la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.
Junqueras y los ocho exconsellers han prestado hoy declaración ante Lamela, que les había citado en calidad de investigados tras admitir a trámite la querella que la Fiscalía interpuso el pasado lunes contra ellos y contra los restantes exmiembros del Govern: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), que no han comparecido en el tribunal.
2017-11-02 auto Santiago Vila
