La diputada Rosa Espiño, en su condición de secretaria segunda de la Mesa de la Junta General, ha presentado una propuesta de modificación del proyecto de presupuesto del Parlamento asturiano para 2018 en la que solicita una reducción del 10% de la asignación económica de los seis grupos parlamentarios y de las 45 diputadas y diputados, y que se destine ese dinero a medidas del Procedimiento de Emergencia Ciudadana que repercutan directamente sobre la población más castigada por la crisis y por los recortes sociales.
"Antes de negociar los presupuestos generales del Principado vamos a pedir contención en los salarios de los diputados y diputadas, porque no nos parece admisible que en una comunidad con más de 50.000 personas que sobreviven con 300 euros al mes y donde el grado de exclusión social alcanza el 18,5% las diputadas y diputados se apliquen a sí mismos incrementos salariales año tras año. En Podemos Asturies hemos asumido un compromiso ético que se materializa, entre otras cosas, en un tope salarial equivalente a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. Ya que los demás grupos parlamentarios no están dispuestos a hacer lo mismo, pedimos que al menos no sigan subiéndose el sueldo con cada negociación de los presupuestos de la cámara asturiana, porque un incremento de un 1% sobre salarios como el de un portavoz parlamentario, que ronda los 4.200 euros mensuales, es una cantidad considerable, más aún si tenemos en cuenta la situación de colectivos como el de los pensionistas, a los que sólo se les aplica un incremento del 0,25% en sus pensiones", señalan en nota de prensa.
"La prolongada crisis obliga a plasmar en los presupuestos el compromiso de los poderes públicos con la sociedad asturiana, haciendo frente a una situación de desigualdad que no ha parado de aumentar y que hace necesario limitar la brecha existente entre las asignaciones de diputados y diputadas y los salarios de la población. Aunque el enorme coste que supone para las arcas públicas el mantenimiento de estas privilegiadas y desproporcionadas asignaciones justificaría por sí solo su limitación, esta medida pretende vincular las asignaciones de los responsables de las políticas desplegadas y sus efectos sobre la población, estableciendo unos presupuestos sensibles con las necesidades reales de asturianos y asturianas", afirman.
Cabe recordar que las asignaciones para personal asesor de los grupos parlamentarios y para los propios grupos supone el 32% del presupuesto total de la Junta General y ese porcentaje asciende al 49% si se suma las asignaciones a diputadas y diputados.