El próximo fin de semana finaliza el horario de verano que comenzó el pasado mes de marzo con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar en las actividades cotidianas. La finalización supone retrasar los relojes una hora, es decir, a las 03:00 horas volverán a ser las 02:00 horas.
Según un estudio realizado por la Comisión Europea, esta medida tiene impactos positivos no solo sobre el ahorro energético, sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.
El cambio horario se remonta a la década de los setenta, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir así menos electricidad en iluminación.
El cambio horario y su finalización vienen impuestos por la Directiva Europea 2000/84/CE, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. La directiva obliga a aplicar un régimen horario de verano y un calendario común para las fechas y horas a las que debe comenzar y finalizar dicho horario en todos los Estados miembros.
Greenpeace: El cambio de hora no puede ser la única medida de ahorro energético
El domingo se produce el segundo cambio de hora de 2017, con el atraso de los relojes una hora -de 3h a 2h-. Una directiva europea que pretende aprovechar mejor las horas de luz solar para consumir menos electricidad. Se trata de una iniciativa positiva y asimilada ya anualmente por la ciudadanía, pero que resulta claramente insuficiente para aumentar un verdadero ahorro energético en España: según datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía), el cambio de hora supone un ahorro de un 5% del consumo en iluminación. Por eso, Greenpeace pide al Gobierno que apueste firmemente por al eficiencia energética en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con un objetivo de reducir la demanda de energía final española para 2015 en, al menos, un 50% respecto a 2007. Una medida complementaria de una política orientada a alcanzar un sistema 100% renovable, inteligente y en manos de las personas.
Para ello es necesario:
- Establecer un marco jurídico definido, previsible y estable para las energías renovables y la eficiencia energética, con el fin de hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- Contemplar la integración en el sistema energético de la edificación y de un sistema de transporte inteligente, mediante la eficiencia energética, la electrificación y la gestión de la demanda.
- Introducir medidas estructurales para erradicar la pobreza energética. Por un lado, mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética y energías renovables para atender las necesidades de los hogares vulnerables, y por otro lado, mediante la creación de empleo para prevenir el problema en su origen.
"El ahorro energético es clave para un estado como el español que tiene una dependencia energética del exterior del 86% y más de siete millones de hogares que sufren de pobreza energética. No es entendible que este Gobierno diseñe su política energética penalizando la eficiencia a través de unas facturas eléctricas insensibles al ahorro u obstaculizando el autoconsumo" ha declarado Sara Pizzinato responsable de Energía de Greenpeace.
La eficiencia energética es una de las formas más rentables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del cambio climático. Greenpeace ha demostrado que el ahorro y la eficiencia energética benefician a la vez al bolsillo de los ciudadanos y a la lucha contra el cambio climático. Según su estudio La recuperación económica con renovables, un sistema energético con un elevado nivel de eficiencia, y que obtenga un 95% de la electricidad de fuentes renovables para 2030, generaría más de tres millones de empleos y reduciría la factura energética en un 34%.