Asturias invierte 46.000 euros en el personal del juzgado de cláusulas suelo, que ha recibido 1.890 asuntos en cinco meses

        El Principado ha dotado de material y reforzado la plantilla adscrita a la sala de primera instancia número 6 de Oviedo para tramitar las reclamaciones vinculadas a créditos hipotecarios

        El consejero de Presidencia destaca que la rápida respuesta del Ejecutivo permite gestionar de forma ágil un volumen de procedimientos ordinarios cinco veces superior a lo habitual

El Gobierno de Asturias dedica 46.000 euros al personal de refuerzo del Juzgado de Primaria Instancia número 6 de Oviedo especializado en cláusulas suelo, que desde su puesta en marcha hace cinco meses ha ingresado 1.890 asuntos. Esta cifra supone un volumen de procedimientos ordinarios cinco veces superior al que la sala tramita habitualmente, un incremento en la actividad al que “se ha dado una respuesta rápida y ágil”, ha destacado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, durante su vista a las dependencias.

Del total de 1.890 asuntos ingresados en el juzgado desde el pasado 1 de junio, 502 han finalizado su tramitación y 413 cuentan ya con sentencia.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 que declaró abusivas las cláusulas de los créditos hipotecarios, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un plan de urgencia ante el previsible crecimiento de litigios que consistía en la especialización de un juzgado, que el Principado dotó con medios materiales y refuerzo de personal, siempre en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El Ejecutivo también ha reforzado la plantilla del servicio de registro y reparto del Decanato de Oviedo, en concreto, con prolongaciones de la jornada a los nueve empleados del Juzgado de Primera Instancia número 6 y a dos funcionarios del Decanato. Además, se nombraron tres nuevos empleados interinos para el proyecto.

“Hemos vuelto a dar ejemplo de la capacidad de respuesta del Gobierno ante las necesidades de los órganos judiciales, tal como hicimos con la implantación de las comunicaciones electrónicas a través del sistema Lexnet y con la entrada en funcionamiento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha resaltado el consejero.