-   La consejera de Servicios Sociales demanda recuperar la contribución del Gobierno central previa a los recortes de 2012, que han supuesto una pérdida de  45,7 millones para el Principado

-   Pilar Varela rechaza la propuesta del ministerio de subida del nivel mínimo por insuficiente y por rebajar su propia oferta presentada hace un mes

La consejera de Servicios y Derechos  Sociales, Pilar Varela,  ha reclamado la modificación del modelo de financiación del sistema de dependencia de forma que continúe siendo finalista,  tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones, y garantice el esfuerzo equilibrado de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas, en línea con las conclusiones del informe sobre la situación actual del sistema de dependencia presentado hoy en Madrid.

Varela ha participado en el pleno extraordinario del Consejo Territorial de Servicios Sociales  y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se ha presentado el informe, acordado en la Conferencia de Presidentes y en el que han participado técnicos de siete comunidades autónomas, incluida Asturias.

La titular de Servicios Sociales ha demandado también recuperar los niveles de financiación de los niveles mínimo y acordado anteriores a los recortes de 2012, con el fin de recobrar la sostenibilidad del sistema en los territorios. Según ha señalado, el documento reconoce expresamente que las comunidades autónomas están soportando ya más del 80% de la financiación del sistema de dependencia.

El estudio refleja que el Estado debería haber aportado 1.700 millones más en 2015 para que el esfuerzo económico hubiera sido equivalente. También deja patente el impacto que han producido estos recortes desde 2012 hasta diciembre de 2016, tras la supresión del nivel acordado (283 millones por año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13% anual) con el consiguiente quebranto a las  autonomías.

En concreto, Asturias ha dejado de percibir en este periodo 45,7 millones, con los que se podría haber atendido a 3.000 personas más, cifra que coincide con el número de ciudadanos que se encuentran a la espera de una prestación, por lo que su recuperación supondría la plena atención. A 31 de agosto de este año, el Principado atendía a 20.942 dependientes.

La combinación de todos estos factores lleva a situaciones como las siguientes:

-   Si el coste de una plaza residencial para mayores se ha estimado de media en España 2.039,70 euros, el Estado aporta a la comunidad autónoma por una persona gran dependiente (grado III) únicamente  177,86 euros (el 8,71%), pero si tiene dependencia severa (grado II), esta cifra se reduce a 82,84 euros, corriendo a cuenta de la comunidad autónoma el importe restante, y sin tener en cuenta el copago de los propios usuarios, que aunque se ha estimado de media en un 20%, depende de la capacidad económica de los mismos

-   Si una persona con dependencia moderada (grado I) acude a un centro de día, el coste del mismo se situaría de media en 964,23 euros al mes, de los que el Estado sufragaría 44,33 euros, y la comunidad autónoma los 919,9 euros restantes.

“Estamos convencidos de que si el Estado hiciese la aportación que le corresponde al sistema, nos acercaríamos a la plena atención, con lo que esto supondría para la atención a las personas y para la creación de puestos de trabajo”, ha apuntado la consejera. Ha reclamado, además,  que las modificaciones que se puedan hacer a la ley se realicen a través del Congreso y al menos con el consenso que obtuvo su aprobación.

Modificación del nivel mínimo

Por otra parte, Asturias ha rechazado la subida prevista por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para el nivel mínimo de financiación del sistema de dependencia, el tramo estatal de financiación. En concreto, el ministerio trabaja en un real decreto que fija un aumento de 3,05 euros por los dependientes de Grado I atendidos (los más leves) hasta los 47,38 euros; de 1,65 por los de Grado II (dependientes severos) hasta los 84,49 euros, y de 12,27 por los de Grado III (grandes dependientes), para que pasen a percibir 190,13 euros. “Hablamos de unas cuantías totalmente insuficientes que suponen un incremento medio del 5%, que además no se aplicarían con carácter retroactivo por lo que no comenzarían a aplicarse hasta el próximo ejercicio y que se reducen en un 5% respecto a la propuesta que salió a audiencia pública hace unas semanas, que era de un del 10%” , ha asegurado Varela.

Foto: Archivo.