Ambos grupos reclaman la paralización de la privatización de esos servicios y la destrucción de empleo público
La diputada de IU, Marta Pulgar, y la de Podemos, Rosa Espiño, reclamaron esta mañana a la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, junto a los representantes de las secciones sindicales de CCOO, CSI, CSIF y SAE en el ERA, que ponga fin a la privatización de servicios en el conjunto de Establecimientos Residenciales Asturianos, sobre todo en la residencia mixta de Gijón, concretamente con la desaparición de plazas de los grupos D y E. Marta Pulgar denunció la sospecha de que la consejería pretende desaparecer la categoría de personal de servicios y sustituirlo por los servicios de trabajadores de empresas privadas con un trabajo precarizado, feminizado y sin acceso a la función pública, que repercute en la calidad del servicio que se presta en las residencias asturianas. Los grupos D y E abarcan operarios de servicios, personal de limpieza, de cocina, lavandería, ordenanzas y mantenimiento.
Las diputadas de IU y Podemos advirtieron de que no existen excusas para seguir privatizando las labores que realizan estos grupos de personal, dado que la tasa de reposición autorizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en los sectores prioritarios es del 100%. “Pedimos a la Consejería que considera y declare prioritario al ERA”, coincidieron las representantes de ambos grupos. Ambos grupos presentarán conjunta en el Parlamento autonómico para que aplique la tasa de reposición del 100% como sector prioritario. A juicio de Marta Pulgar ya no existen argumentos para eliminar plazas de personal del grupo D y E para priorizar la atención directa, porque el marco estatal ha cambiado.
Tanto Pulgar como Espiño, en palabras de la primera, la Consejería no está cumpliendo con la labor de vigilancia y control de que ese empleo sea de calidad. La diputada de Podemos subrayó que la privatización es un goteo constante y un ejemplo es que en los últimos días ha salido a licitación el servicio de limpieza de tres plantas de la residencia mixta, al precio más bajo y sin cláusulas sociales u otros condicionantes. Nicanor González, de la CSI, denunció que las nóminas de personas con discapacidad que contratan las empresas que acceden a las licitaciones no llegan a los 700 euros. Generosa Tamargo, de CCOO, apuntó que ahora que el PP ha cambiado la norma no existe excusa para que un gobierno socialista siga manteniendo esa argumentación. “Pedimos que recapaciten porque esa no es una dinámica socialista ni dignifica a las personas”, concluyó Nicanor González.
