Asturias.-El proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, conocida popularmente como Ley de Muerte Digna, consolida el respeto a la dignidad de las personas, con independencia de su grado de autonomía o conciencia, y ofrece seguridad jurídica a los profesionales sanitarios para que puedan cumplir plenamente los deseos del paciente dentro del marco legal. Así lo ha explicado hoy el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, durante su comparecencia en la Junta General del Principado.

La norma aborda los derechos y la dignidad de los pacientes, así como los deberes de las instituciones y las garantías para asegurar la calidad asistencial y el respeto a las personas en sus últimos momentos.

El titular de Sanidad ha señalado que el proyecto de ley amplía los derechos de las personas “en momentos de máxima vulnerabilidad”, al tiempo que confiere “certeza y precisión” a enfermos y profesionales. “Parte del firme propósito de salvaguardar la voluntad de los pacientes y de ofrecerles el mayor alivio posible ante el sufrimiento físico, psíquico y moral”, ha destacado.

La ley que se debate actualmente en el Parlamento aspira, entre otros objetivos, a servir de guía ante posibles conflictos legales y éticos relacionados con la autonomía del paciente para tomar decisiones sobre su enfermedad o, incluso, sobre su forma de morir. Su contenido se aplicará, en el ámbito autonómico, a las personas que se encuentren en el final de su vida o afronten decisiones relacionadas con este proceso. Además, regirá sobre sus familiares y representantes y también sobre el personal implicado en su atención. Así, el texto regula los derechos y deberes de los profesionales del ámbito social y sanitario y vela por las garantías que deben proporcionar las instituciones.

El planteamiento de la ley asume el consenso generado sobre los derechos del paciente en el proceso final de su vida, fuera del contexto de la tipificación penal vigente de la eutanasia o el suicidio asistido, concebidos como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. Estos aspectos quedan al margen del proyecto de ley autonómico, dado que su regulación le corresponde al Ejecutivo central.