La diputada de FORO y portavoz de agroganadería en la Junta General, Carmen Fernández, ha valorado hoy la situación en la que se encuentra la gestión de daños producidos por la fauna salvaje manifestado que “cuando los daños se producen en un coto de caza, entre afectados y cazadores discuten y llegan a un acuerdo; el problema mayor es cuando el responsable de los daños es la administración, aquí el dialogo es imposible. Pero la Consejería de Desarrollo Rural está obligada al pago íntegro de los daños ocasionados por la fauna salvaje en un tiempo razonable porque de lo contrario se colocaría fuera de la ley”.
“No podemos consentir la Consejería de Desarrollo Rural eluda pagar los daños ocasionados por la fauna salvaje”, añade Carmen Fernández, quien ha hecho público una propuesta que ha llevado a la Junta General de modificación de la actual Ley de Caza por la que “la administración debe estar obligada por ley para que de verdad pague y lo haga en un tiempo razonable”.
“La falta de cumplimientos de las iniciativas no legislativas aprobadas en la Junta General nos han obligado a presentar una modificación de la Ley de Caza para poder verdaderamente obligar al Principado a su cumplimiento. Se trata de una reforma parcial precisamente para que su tramitación pueda ser rápida y sea viable en esta legislatura”, explica Carmen Fernández.
“En la actualidad –continúa la diputada de FORO- el primer problema que se encuentra el ganadero es que la administración reconozca el origen del daño en tiempo y forma. Para salvar esta situación proponemos que el procedimiento de indemnización por daños que corresponda sufragar a la Administración del Principado de Asturias se pueda iniciar de oficio por el órgano competente o por solicitud del interesado mediante petición que deberá individualizar el daño producido y su evaluación económica, si fuera posible; una vez iniciado la administración dispondrá de 24 horas para inspeccionar los daños por medio de personal técnico cualificado que emitirá el correspondiente informe pericial, sobre el que los afectados podrán alegar. La causa del daño debe ser dictaminado por un informe pericial para garantizar los derechos de ganaderos y agricultores afectados, y no puede ser establecida caprichosamente con criterios clientelares”.
“Hace mucho tiempo que desde FORO reclamamos que el lucro cesante se pague y ahora lo incluiremos en la Ley para que, de una vez, sea una realidad para el ganadero. Si queremos mantener nuestra tradición quesera debemos apoyar a los criadores de cabras y ovejas entre los que en la actualidad aumenta la desilusión y el abandono de la profesión por los daños del lobo y la nefasta compensación de los daños”, señala Carmen Fernández, al tiempo que apunta que “la indemnización de los daños tiene que incluir la totalidad de los mismos, incluyendo el lucro cesante”.
“El proyecto presentado por FORO contempla que el plazo máximo para la resolución será de 45 días desde el acuerdo de iniciación del procedimiento que podrá ser solicitado por el propio interesado”, concluye Carmen Fernández.
