-   El Principado asume la titularidad de dos tramos de carreteras del Estado para culminar lo accesos al PEPA en Avilés

-   El Ejecutivo se coordinará con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Concejos para responder ante emergencias sociales provocadas por desahucios

-   Miguel Ángel Rodríguez Fernández, nuevo director Económico Financiero del Sespa

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el límite de gasto no financiero de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio, que ascenderá a 3.939 millones. Esta cifra supone un incremento de 146 millones, un 3,8%, con respecto al fijado en los Presupuestos Generales del Principado de este año.

El techo de gasto deriva de la suma de los ingresos no financieros, que alcanzan un importe de 3.827 millones, del déficit público máximo previsto para 2018, que es del -0,4% del PIB, y que supone 94 millones, y, por último, de aplicar los ajustes de contabilidad nacional, que ascienden a 18 millones.

Con la aprobación del techo de gasto se da un paso más en la elaboración de los presupuestos autonómicos, tras la publicación en el Boletín del Principado (BOPA), el 17 de junio, de las normas para la elaboración de los presupuestos.

Convenio con el Ministerio de Fomento

El Ejecutivo ha dado el visto bueno al convenio que suscribirán la Consejería de Infraestructuras y el Ministerio de Fomento, por el que la comunidad autónoma asumirá la titularidad de dos tramos de carreteras del Estado en el entorno de la ría de Avilés para culminar las obras de los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).

Los tramos pertenecen a las vías AI-81, entre su inicio y el punto kilométrico 1+680, y N-632a, entre el inicio de la AI-81 (p.k. 96+270) y la conexión con la N-633 (p.k. 96+750).

Con este cambio de titularidad, que no lleva asociada ninguna obligación financiera ni compromiso económico entre las partes, el Gobierno asturiano podrá continuar las obras de acceso al PEPA, que se prevé estén terminadas en el primer trimestre de 2019

Respuesta coordinada ante desahucios

El Ejecutivo ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Principado, a través de las consejerías de Presidencia y de Servicios Sociales, la Federación Asturiana de Concejos y el Consejo General del Poder Judicial que permitirá detectar situaciones de vulnerabilidad a causa de la pérdida de la vivienda habitual por desahucio.

Esta coordinación hará posible desarrollar un protocolo de actuación en aquellos casos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, se observe, en opinión de la autoridad judicial, una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la necesidad de una intervención. Para esta consideración se tendrán en cuenta de manera especial las unidades de convivencia en las que hay menores, personas con discapacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o familias en la que todos los miembros de más de 18 años se encuentran en situación de desempleo.

El convenio es una de las medidas de prevención y análisis contempladas en el Programa de Garantía Habitacional puesto en marcha por la Dirección General de Vivienda y facilitará la adecuada intervención con las personas afectadas por parte de los servicios sociales. Supone una herramienta clave para detectar y atender los casos de mayor necesidad que no sean conocidos por los servicios sociales municipales o autonómicos, y permitirá impartir formación en el turno de oficio y obtener datos verídicos sobre los desahucios de viviendas habituales.

Los datos que se pueden obtener a día de hoy son aquellos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial o el Instituto Nacional de Estadística, por lo que con este convenio se asegura la obtención de información de forma más directa y rápida.

El Programa de Garantía Habitacional del Principado, una de las medidas que el Gobierno asturiano ha puesto en marcha para atender a los ciudadanos en situación más desfavorecida, cuenta con una dotación de 22,6 millones para este ejercicio.

Los desahucios llevados a cabo en Asturias durante 2016 descendieron en un 6,8% respecto al año anterior.

Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), finalizando en el primer trimestre de 2019.

Cambios en el Servicio de Salud

Miguel Ángel Rodríguez Fernández, (León, 1970), ha sido nombrado hoy como nuevo director Económico Financiero del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), en sustitución de Manuel Antonio López de la Cera.

Miguel Ángel Rodríguez Fernández es diplomado en Empresariales, en la especialidad en Contabilidad e Información y Licenciado en Ciencias Empresariales, así como doctor en Administración y Dirección de Empresas.  Cuenta con un grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Mejorar la atención de los enfermos cardiovasculares

La Consejería de Sanidad y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) suscribirán un acuerdo de colaboración para trabajar conjuntamente en la mejora de la calidad de la atención que se presta a los enfermos cardiovasculares en Asturias, así como las políticas de prevención dirigidas a mejorar los hábitos de salud de las persona, evitar esta enfermedad o paliar sus efectos.

El acuerdo prevé la aplicación de diferentes líneas de trabajo para impulsar la investigación científica y clínica en resultados de salud de enfermedades cardiovasculares, mejorar la formación científico-técnica, la divulgación y educación en salud y prevención cardiovascular, y el desarrollo conjunto de  proyectos vinculados a favorecer la calidad asistencial. Cada una de estas acciones se realizará mediante convenios específicos de colaboración.

La  Consejería de Sanidad se compromete a difundir entre sus servicios clínicos la posibilidad de incorporar el conocimiento y la experiencia en los principales protocolos clínicos elaborados por la SEC como son, entre otros, los relacionados con la cardiopatía isquémica, la insuficiencia auricular crónica, la hipercolesterolemia familiar o  el uso del Implante Percutáneo Valvular Aórtico Intervencionismo Percutáneo en la Insuficiencia Mitral (TAVI).

La SEC, por su parte, se compromete a participar en la implantación asistencial de estos protocolos y a  ceder al Principado la información de carácter clínico recogida en sus registros y que resulte útil para la planificación, organización y evaluación de los servicios sanitarios asturianos.

El acuerdo no tendrá repercusión económica para ninguna de las dos entidades. 

Reformas en las casas consistoriales

La Gobierno destinará 450.000 euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de casas consistoriales. Podrán optar a las ayudas los concejos de menos de 20.000 habitantes. Su objetivo es prestar apoyo a aquellos municipios con menor capacidad financiera y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades para hacer frente a este tipo de inversiones.

La Consejería de Hacienda aportará hasta un máximo del 75% del presupuesto estimado de cada obra, mientras que el resto dependerá de cada ayuntamiento que solicite la ayuda.

Convenio con la Asociación Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas

El Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Asociación Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas (Agespi) suscribirán un convenio de colaboración para que los asociados de este colectivo puedan presentar telemáticamente las declaraciones y liquidaciones de los impuestos de sucesiones y donaciones, así como de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en representación de aquellos que demanden sus servicios.

El convenio se firma con una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse otros cuatro años más mediante el acuerdo de ambas partes.

Servicio de vigilancia y seguridad del Museo de Bellas Artes

El Gobierno, a propuesta del Centro Regional de Bellas Artes, ha aprobado un gasto de 378.409,53 euros para  financiar la contratación del servicio de vigilancia y protección del Museo de Bellas Artes de Asturias. Con esta dotación se cubren los servicios de seguridad para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de octubre de 2018 y se podrá velar por las condiciones de seguridad y la integridad de los edificios, instalaciones e inmuebles de la pinacoteca asturiana, así como la de todos los bienes existentes en ellos, además de garantizar la seguridad de su personal y de sus usuarios.