El Gobierno de Asturias considera muy positivo que ya se hayan hecho públicas las condenas correspondientes al caso Marea. Éste ha sido siempre el objetivo: que la justicia delimitase con claridad y firmeza las responsabilidades de todos los implicados. Para el Gobierno, el fallo acredita también que la corrupción tiene castigo en Asturias, algo de lo que debe felicitarse toda la ciudadanía. Tal como ha hecho desde 2012, el Ejecutivo presidido por Javier Fernández continuará colaborando con la justicia, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas y desplegando medidas e iniciativas legislativas que ayuden a combatir lo que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la democracia española.

La colaboración con la justicia y la defensa de los intereses de la Administración –que son los intereses de la ciudadanía- han sido las pautas básicas que han guiado al Gobierno del Principado. A este respecto, el Ejecutivo subraya las siguientes cuestiones:

·         La Administración del Principado está personada como acusación particular.

·         Las condenas solicitadas por el servicio jurídico, que coinciden con las planteadas por la fiscalía, eran superiores o iguales a las fijadas en el fallo. De hecho, fueron rechazadas todas las ofertas de acuerdo propuestas por las defensas de los acusados.

·         También se reclamaron las compensaciones correspondientes para reparar los daños al erario público. El Gobierno del Principado garantiza que será firme en esta exigencia.

·         El Ejecutivo también colaboró con la aportación de importante documentación, como los contratos realizados con las empresas implicadas desde 2003. Asimismo, se facilitaron medios técnicos, incluidos los que fueron precisos para la celebración y cobertura informativa del juicio.

A la espera de conocer y evaluar adecuadamente el texto completo de la sentencia, el Gobierno de Asturias se reafirma en su lucha contra la corrupción. Desde su toma de posesión en 2012, los gabinetes presididos por Javier Fernández han tomado la iniciativa para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.  Actualmente, está en tramitación parlamentaria el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que establece, precisamente, mecanismos y controles más estrictos.

El Ejecutivo quiere también defender el trabajo y dedicación  de los funcionarios de la Administración del Principado. La existencia de inadmisibles conductas aisladas en absoluto empaña su buena labor.