Podemos Asturies presenta una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para exigir la justificación del gasto de 134 millones de euros de deuda pública por parte del Gobierno asturiano
El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies ha registrado este miércoles ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia para exigir que este órgano fiscalizador investigue la no justificación por parte del Gobierno asturiano de 134.555.000 euros de deuda pública entregados a la comunidad asturiana por el Instituto de Crédito Oficial con cargo al Fondo de Facilidad Financiera de las Comunidades Autónomas.
En su informe de fiscalización del año 2015, la Sindicatura de Cuentas dice desconocer los gastos concretos a los que se destinaron esos más de 134 millones de euros por no haber sido aportadas las facturas correspondientes.
Para el diputado de Podemos Asturies Enrique López, es “inaudito que la Consejería de Hacienda y Sector Público no facilitase detalle de las facturas u obligaciones financiadas con estos fondos”. Considera que “la falta de colaboración del Gobierno del Principado de Asturias con la Sindicatura de Cuentas es inadmisible”.
En la denuncia presentada por Enrique López, se dice que “entre las conclusiones a las que llega el Informe de la Sindicatura se encuentra la imposibilidad de conocer los gastos concretos que han sido financiados con una parte (134.555 miles de euros) del préstamo formalizado por la Administración del Principado de Asturias con el Instituto de Crédito Oficial con cargo al Fondo de Facilidad Financiera de las Comunidades Autónomas, ya que no fue facilitada a esa Sindicatura un detalle de las facturas u obligaciones financiadas con esos fondos”.
Continúa la denuncia exponiendo que “el Informe de la Sindicatura de Cuentas advierte también que la Administración General del Estado tampoco ha exigido justificación del destino de esos fondos a la Comunidad Autónoma más allá de emplearlo a financiar el objetivo del déficit del 2015”.
Y que “en relación con el préstamo concedido por la Administración General del Estado al Principado de Asturias, en las páginas 25 y 26 del Informe se señala que del importe total (155.280 miles de euros), 20.725 miles de euros fueron destinados a financiar los intereses asociados a los vencimientos de deuda pública del Principado y de la empresa pública GISPASA. El resto del importe (134.555 miles de euros) fue abonado por el ICO en doceavas partes mediante disposiciones mensuales, pero la Sindicatura no pudo conocer los gastos concretos financiados ya que no le fueron facilitadas un detalle de las facturas u obligaciones abonadas con esos fondos”.
Podemos Asturies ha decidido presentar esta denuncia para que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la Administración General del Estado, investigue el posible incumplimiento de la normativa por parte de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que el 24 de febrero de 2015 aprobó una Resolución, por la que se fija “el procedimiento y condiciones para la financiación de desviaciones de déficit público de años anteriores al 2015 pendientes de financiar en el compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, en cuyo apartado segundo, punto 3, se establece que las relaciones de pagos propuestos incluirán, al menos, el importe y la fecha de cada factura o documento acreditativo de la obligación de pago, relaciones que deberán ir acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el Interventor General de la Comunidad Autónoma, que certifique las partidas remitidas se ajustan a las condiciones definidas en dicha Resolución y en las demás normas de aplicación”.
En este sentido, el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que creó un Fondo de Financiación para estas CCAA, dentro del cual se incluye el de Facilidad Financiera, define claramente su ámbito objetivo, los mecanismos de gestión de los créditos concedidos y las condiciones financieras y obligaciones de información.
Debe clarificarse pues si se ajusta o no a este Real Decreto-Ley el destino de estos fondos concedidos, lo que no se da en este caso, pues el Principado de Asturias no ha aportado justificación alguna de una parte importante de los fondos recibidos.
Del Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del programa 011C “Amortización y gastos financieros de la deuda del Principado de Asturias”, referido al ejercicio 2015, se desprende una manifiesta opacidad en el procedimiento de justificación de una cuantía muy elevada del préstamo formalizado por la Administración del Principado de Asturias con el Instituto de Crédito Oficial con cargo al Fondo de Facilidad Financiera, y una actuación, cuando menos, laxa por parte de la Administración del Estado en el control del destino de dicho dinero público, se dice igualmente en la denuncia presentada por Podemos Asturies.
Finaliza la denuncia presentada pidiendo a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas “que se investiguen los posibles incumplimientos de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicables al préstamo formalizado por la Administración del Principado de Asturias con el Instituto de Crédito Oficial con cargo al Fondo de Facilidad Financiera de las Comunidades Autónomas, correspondiente al ejercicio del 2015, y se determinen en su caso las responsabilidades contables a que den lugar mediante el procedimiento correspondiente o, en su defecto, la remisión al órgano que pueda resultar competente”.
Las conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas corroboran lo que Podemos Asturies viene denunciando desde su llegada a la Junta General:
La preocupación por una deuda pública que ha crecido de forma importantísima en los últimos años, que aún manteniéndose por debajo de la media del endeudamiento autonómico ya supone casi un 11% de los gastos anuales del presupuesto asturiano, el tercero en volumen de gasto tras Sanidad y Educación, 440 millones este año.
La advertencia de la Sindicatura de Cuentas sobre el peligro que este crecimiento de la deuda pública puede suponer a corto plazo caso de que cambien las condiciones del mercado en cuanto a tipos de interés, puesto que tenemos demasiado endeudamiento a largo plazo.
La opacidad con la que se mueve el gobierno asturiano en todo lo relacionado con la deuda pública, facilitando información a golpe de denuncia pública o de iniciativa parlamentaria, lo que casa bien poco con una política de transparencia que el gobierno de Javier Fernández no se cansa de anunciar, pero no llega a practicar.
Podemos Asturies anunció la pasada semana que pedirá la comparecencia de la consejera Dolores Carcedo en la Comisión Parlamentaria de Hacienda y Sector Público en el debate sobre este informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre la ejecución de la Deuda Pública en 2015. Además, el diputado Enrique López ha registrado también una pregunta urgente a la consejera sobre “el destino concreto al que se han destinado estos 134 millones de euros y las causas de que no se hayan entregado las justificaciones de estos gastos”, explicaciones que deberá dar en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias el próximo mes de septiembre. El parlamentario de Podemos Asturies también ha registrado una petición parlamentaria para que el Gobierno aporte las facturas correspondientes a los gastos e inversiones cubiertos con estos más de 134 millones de euros.
López considera “inaceptable y vergonzosa” la falta de colaboración de los gobiernos con los órganos fiscalizadores, ya que “no tiene justificación alguna que el gobierno asturiano no haya aportado a la Sindicatura de Cuentas las facturas que la ley le obliga a poner a disposición del órgano fiscalizador de las cuentas públicas asturianas, como no tiene explicación alguna que el Ministerio de Economía y Hacienda, no haya exigido las justificaciones a gastos de por 134 millones de euros que engordaron la deuda asturiana”.
“A un par de días de la sentencia del caso Marea, no es aceptable que el Gobierno juegue a no dar justificantes de semejantes gastos. Javier Fernández puede desoír las propuestas de Podemos, pero no es tolerable que no tome a la sindicatura en serio”, finalizó.
