"Creo que la decisión de la semana pasada fue errónea y, además, en contra del precepto legal que en el Código Penal prevé estos casos; y la decisión de este semana ha sido exactamente la contraria. Por eso pido al Consejo General del Poder Judicial que se abra una investigación y se depuren responsabilidades. Después de lo que ha sucedido, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial está obligado a investigar las contradicciones internas de la Audiencia Nacional y la demora en la resolución adecuada; y mucho más la que ha llevado al presidente Gómez Bermúdez a plantear para la semana que viene la reunión plenaria donde tenía que verse el asunto", ha resaltado Trillo.

Para Federico Trillo se trata de "decisiones que pueden implicar error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, supuestos que en la Constitución se contemplan como de responsabilidad del Poder Judicial. Y decisiones como la de Gómez Bermúdez o la de los fiscales que no ordenaron vigilancia tienen carácter gubernativo. El CGPJ está llamado a investigar y en su caso a sancionar".

Por otro lado, Federico Trillo ha desautorizado al ministro de Interior, quien ayer explicó que no se podía haber puesto vigilancia a Troitiño porque estaba en libertad. "Esa argumentación de Rubalcaba oculta una verdad, y es que una vez que se recurrió por la Fiscalía, tenía todas la razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva del etarra, una vez que este órgano había recurrido una excarcelación que, a todas luces, era contraria a la legalidad".

Por último, en lo tocante a la responsabilidad del Gobierno en la ilegalización de Bildu, Trillo ha contestado a lo que dijo ayer Rubalcaba en el Consejo de Ministros y ha explicado que "esto de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General son poco menos tan independientes como los jueces, y que los responsables del Partido Popular que pedimos la impugnación tengamos que volver a las aulas universitarias, es una nueva broma de Rubalcaba, porque como es sabido, y debo volver a reiterarlo y darlo a conocer a la opinión pública, el Abogado del Estado depende del Gobierno, del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia".

Por lo que se refiere al Fiscal General del Estado, Trillo ha manifestado que no es que "sea dependiente, es que normalmente no hace otra cosa que la que le dice el Gobierno. Por tanto, es verdad que quien tiene que recurrir es el Abogado General del Estado y el Fiscal General, pero dependen del Gobierno y en consecuencia la responsabilidad final y el compromiso con el Partido Popular es del Gobierno; y es el Gobierno a quien instamos para que se produzcan esas impugnaciones y esa ilegalización", ha concluido.