En 2017, en Asturies, nadie puede sufrir esta suerte.
Una empresa líder en Asturias, Asturiana de Zinc, que además se asocia en su denominación con esta tierra, que tanto le dio y le da, retiraba ‘de facto’ la medicación a unas víctimas de un percance en su factoría.
En la medida en la cual EQUO ASTURIAS está al tanto de los problemas de esta comunidad, y no sólo de los ambientales, hace muchos meses entró en contacto con este grupo de personas afectadas, que tiene el dudoso honor de haber sido envenenados en el mayor accidente industrial que conocemos en Asturias.
La relación que con ellos mantenemos, y la información que nos aportan -bien es cierto que a duras penas, pues no hace falta dudar de su palabra, en lo que respecta a su salud, en su presencia- nos hace indignarnos una vez más ante su situación, dada esta novedad.
Pero hoy debemos hacer un llamamiento público, especialmente a nuestro gobierno, para atajar esta situación, tan difícil de entender. Y lo que es difícil de entender, es que dada una legislación que afortunadamente contempla la sanidad universal por ley, no ya por lo indicado en el artículo 43 de nuestra Constitución (1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.), sino por lo que recoge la ley Orgánica 3/1986 General de Sanidad, la cual en el artículo 1 manifiesta: 2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, aquí se excluya a estas personas del amparo general.
No nos sirve ninguna excusa. Ni mutuas; ni pleitos; ni médicos de empresa; ni acuerdos entre un monstruo multinacional y unas personas debilitadas y mermadas, instadas en falso, en todo caso una situación compleja, como bien sabe articular AZSA.
No podemos pensar que unas personas, cuyo único pecado fue trabajar un día (de tantos) en los cuales falló todo lo que no podía fallar, se van a ir pudriendo sin la debida atención social y sanitaria. Las Consejerías implicadas deben articular una actitud proactiva, atender a esta gente como se merece, y luego reclamar responsabilidades a mutuas, empresas, o cualesquiera que hayan sido los responsables. Y eso no ha sucedido hasta ahora, y no puede continuar sucediendo.
¿Será que estas personas no tuvieron los carnets debidos? ¿Será que no eran familiares de nuestros diputados o diputadas? ¿Será que nadie se atreve con AZSA? ¿Será que importan más unos puñados de euros que las vidas de decenas de personas y sus familias?
Endurecer -tarde, mal y nunca- los planes de teórico control de la contaminación atmosférica no sirve de mucho si no se demuestra que todos (empresas incluidas) somos iguales ante la ley. ¿o será que a AZSA le espera una medalla próxima de Asturias?
EQUO ASTURIAS está trabajando -ellos, los afectados, lo saben- en la medida de sus posibilidades en su ayuda. Es nuestro estilo, no alborotar, pero aquí y ahora, los afectados han de recibir la misma consideración y la atención social y sanitaria precisa, y eso nos hace alzar la voz.
¿O tendremos que abrir una cuestación popular para entregar una bolsa de euros ante Javier Fernández, para recordarle este sufrimiento innecesario a todas luces?
