Más de 50 ciudades de toda España instan a blindar las pensiones en la Constitución

A propuesta de la Mesa Estatal pro-Referéndum de las Pensiones (MERP)) más de 50 ciudades, a lo largo y a lo ancho de toda España, han aprobado en sus ayuntamientos hasta el día de hoy, sea como declaración institucional por unanimidad o sea como moción mayoritaria, instar al Congreso y al Gobierno de la nación a que modifiquen la Constitución para blindar el sistema público de pensiones, manteniendo y garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas.

La MERP nació hace cuatro años, lleva recogidas cerca de 750.000 y está formada ya por 205 organizaciones y cuenta con el apoyo de 92 personalidades del mundo de la cultura.

Como un ejemplo, en la intervención del representante de la MERP realizada en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón en defensa del blindaje constitucional de las pensiones, el representante ha preguntado "¿Por qué organizaciones con sensibilidades tan diferentes hacen un esfuerzo así por mantener la unidad entre ellas?, ¿por qué confiamos en contar con el apoyo mayoritario de la sociedad? Porque hablamos de las pensiones y de nuestros mayores. Y las pensiones públicas no pueden depender de una determinada correlación de fuerzas política. Deben estar por encima del color del Gobierno, de los resultados electorales o la situación del país".

"Somos una sociedad en la que el valor colectivo de nuestros mayores está en nuestro mismo ADN, aquellos que son depositarios de la sabiduría colectiva, las tradiciones, y el esfuerzo acumulado de generaciones por construir y hacer avanzar nuestra sociedad. Pero también son el sector más débil. Incluso los niños tienen mayoritariamente a sus familias que les protegen, pero muchos mayores no tienen ni eso, y aún así las pensiones han sido el colchón de la crisis".

"¿Qué demócrata no está de acuerdo con que debemos blindar las pensiones, avanzando así en el desarrollo de nuestra democracia? Insisto, si se hizo con el pago de la deuda, ¿por qué no hacerlo con las pensiones?"

La declaración institucional en Gijón fue aprobada con los votos de todos los grupos municipales que participaron, una suerte de unanimidad, dado que el PP no participó estando presente y reafirmó expresamente en el mismo pleno su apoyo al contenido de petición formulada por la MERP, y que así lo había expresado a la MERP durante las entrevistas que sus representantes habían mantenido con todos los grupos municipales, pero que había decidido no votar ni abstenerse porque era un tema a tratar en el Pacto de Toledo y en el Congreso.