Madrid/Oviedo.-Este martes se han suscrito en el Tribunal de Cuentas, en Madrid, sendas declaraciones formales, acordadas entre esta institución y los OCEX, relativas a reducir y homogeneizar los plazos de rendición de cuentas del sector público, así como a impulsar la rendición de cuentas de las entidades locales. En representación de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, y también como presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos (Asocex), participó el síndico mayor Avelino Viejo Fernández.

La rendición de cuentas constituye un deber democrático esencial que implica que los responsables públicos informen sobre su gestión, para que los órganos que ejercen el control en sus distintas modalidades (interno, externo y parlamentario) puedan llevar a cabo su cometido. La rendición de cuentas también se dirige a garantizar la transparencia de la actividad económico-financiera del sector público. De esta forma, constituye un presupuesto necesario para el ejercicio de la función fiscalizadora.

Como se recoge en el contenido de una de las declaraciones, “la ausencia de cuentas rendidas o su rendición fuera de plazo o con defectos supone, por tanto, un impedimento u obstáculo para el adecuado ejercicio del control externo”.

La declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de cuentas del sector público se refiere a una cuestión de especial relevancia: la homogeneización y reducción de los plazos de rendición actualmente establecidos. Ello va en consonancia con los pronunciamientos de las Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y con lo manifestado de forma reiterada, tanto por el Tribunal de Cuentas como por los OCEX, en sus respectivos informes de fiscalización.

En concreto, en esa declaración se insta a la adopción de las medidas legales oportunas para establecer en general como fecha límite recomendada de rendición de cuentas la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran, con las adaptaciones y los periodos transitorios que sean necesarios.

Por lo que se refiere a la declaración sobre medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales, su texto incluye una propuesta de medidas concretas que las instituciones de control externo consideran preciso adoptar para fomentar la referida rendición de cuentas en el ámbito local y para impulsar la transparencia que ha de presidir la gestión pública. Entre esas medidas se encuentran las siguientes:

• Promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
• Reforzar la capacidad y suficiencia de recursos y medios cualificados de las intervenciones locales.
• Fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menor dimensión.
• Revisar y actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración.
• Llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras Administraciones públicas, a favor de las entidades locales, a la efectiva rendición de cuentas.
• Instar a que los órganos competentes de las Administraciones estatal y autonómica para que, tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición de cuentas de una entidad local, hagan efectivas las medidas que prevé la normativa, incluida, en su caso, la retención de la participación en tributos del Estado.

En definitiva, a través de estas declaraciones las instituciones de control externo coadyuvan a la mejora de la gestión pública y de su transparencia, mediante un control más efectivo a partir de la mejora de la rendición de cuentas de las entidades del sector público.