Asturias ha reducido los plazos de tramitación de prestaciones y ha simplificado procedimientos administrativos para ofrecer apoyo urgente a la ciudadanía

-   El Principado es ahora la tercera comunidad con menor tasa de personas dependientes a la espera de ayuda y la gestión inicial de expedientes del salario social ha bajado en ocho meses

-   El Ejecutivo ha expresado hoy en la Junta General su rechazo a la proposición de Ley de Emergencia Ciudadana presentada por Podemos, que en algunos apartados vulnera la legislación estatal

El Gobierno de Asturias ya ha puesto en marcha medidas urgentes de apoyo a la ciudadanía y ha simplificado los procesos administrativos para agilizar la tramitación de las prestaciones más perentorias ante situaciones de riesgo social, por lo que juzga innecesaria la proposición de Ley de Emergencia Ciudadana que tramita la Junta General a propuesta de Podemos.

En este sentido, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha reducido en ocho meses la gestión inicial de los expedientes del salario social básico (SSB), que desde su puesta en marcha ha visto crecer su presupuesto en un 936%, hasta movilizar 109 millones y beneficiar a más de 20.000 familias en 2016. En este ejercicio será posible que  todas las personas que finalicen una prestación por desempleo puedan volver a percibir la cuantía íntegra. Además, el plazo para resolver las prestaciones no relacionadas con el trabajo en casos de emergencia social se ha rebajado a cuatro meses.

En el caso de la dependencia, Asturias es la tercera comunidad con menor tasa de personas dependientes a la espera de prestación, por detrás de Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla, y desde el inicio de la legislatura la cifra se ha reducido en un 52%.

En la gestión de ambas ayudas se ha dado prioridad al refuerzo de personal y actualmente trabajan en estas tareas 143 empleados públicos. También se ha recurrido a la tramitación de urgencia para reducir los plazos de acuerdo con la Ley 39/2915 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En materia de vivienda, Asturias es la autonomía con el segundo mayor parque público de inmuebles de alquiler. Respecto a los plazos, en la obra nueva el tiempo de tramitación para que una familia pueda acceder a una vivienda no afecta a los beneficiarios, pues la adjudicación se hace coincidir con la finalización de las obras, por lo que se agilizan los expedientes. Por otra parte, el presupuesto para las obras de reparación ha aumentado un 50%, hasta alcanzar los 1,5 millones, y se ha reducido el número de pisos vacantes sin reparar en un 56% desde 2015.

El esfuerzo realizado por el Gobierno de Asturias, que ha dedicado este año una partida de 2.903 millones a inversión social, casi el 70% del presupuesto, ha permitido, asimismo, acortar los plazos para la convocatoria de la mayoría de las subvenciones, en algunos casos en uno o dos meses respecto a 2016. Por ejemplo, las ayudas para inclusión social se publicaron el pasado 21 de marzo, mientras que en el ejercicio anterior salieron el 17 de junio, y las ayudas individuales a mayores el 28 de marzo, frente al 13 de mayo de 2016.

Las plazas de empleo público del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) también han crecido en 134 personas, 120 de ellas en las propias residencias.

Comparecencia parlamentaria

Estos datos han sido facilitados hoy en el Parlamento asturiano por el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, y la directora general de Prestaciones y Recursos, Paula Álvarez, que se han mostrado en contra de la proposición planteada por Podemos. “Si saliera adelante, condicionaría la capacidad organizativa y de decisión del Ejecutivo sobre los recursos públicos y limitaría su margen presupuestario, lo que podría poner en riesgo la financiación de programas prioritarios al impedir cambios en determinadas partidas de gasto”, ha advertido Martínez.

El titular de Presidencia, que ha defendido las políticas desarrolladas por el Principado para paliar los efectos de la recesión económica a través de recursos públicos, la iniciativa a debate olvida que algunas prestaciones a las que afecta las gestionan los ayuntamientos, como la atención domiciliaria, la teleasistencia y las escuelas infantiles. A su juicio, otra de sus debilidades es que deja fuera de la consideración de emergencia prioritaria a colectivos como las víctimas  de violencia de género, los emigrantes y las personas con discapacidad.

Para el Ejecutivo, la proposición presentada por Podemos vulnera la legislación básica estatal, concretamente dos leyes: la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y la del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que ya regulan de manera detallada la posibilidad de tramitar expedientes o iniciativas por vía de urgencia, por razones de interés público, y a decisión del Consejo de Gobierno.