El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha remitido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, donde le solicita que “adopte las medidas adecuadas para que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio la posible existencia de ilícitos penales” en la actuación de los ex directivos de la CAM, y en su caso, “se abran diligencias para sustanciar las responsabilidades de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja”.
Llamazares añade, además, que “teniendo en cuenta que el proceso de intervención (de las cajas de ahorro) se completó el 30 de septiembre con la intervención del FROB en Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, investigaciones similares deberían ser abiertas de oficio” en estas entidades.
El parlamentario de IU, que realiza esta petición en su calidad de miembro de la Diputación permanente del Congreso, considera que la Fiscalía del Estado debería adoptar esta iniciativa “con independencia de que el Banco de España exija la devolución del dinero embolsado, con intereses, y la apertura de expedientes sancionadores a los gestores”.
Gaspar Llamazares resume en su misiva los datos conocidos a través de distintas informaciones públicas sobre el cobro de suculentas indemnizaciones por parte de los ex directivos destituidos e, incluso, la adjudicación de una pensión vitalicia por parte de alguna de ellos, “todo ello, sin informar a los órganos rectores de la entidad y pese a que la entidad (en este caso concreto la CAM, había perdido 1.136 millones de euros en los seis primeros meses del año).
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA REMITIDA POR GASPAR LLAMAZARES AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Excmo. Sr.D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
Fiscal General del Estado
c/ Fortuny, 4
28071 Madrid
Madrid, 3 de octubre de 2011
Excmo. Sr. Fiscal General del Estado:
Según la comunicación facilitada por el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su comparecencia del pasado viernes ante el Congreso de los Diputados, el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado hasta ahora 7.551 millones de euros en el proceso de recapitalización de las cajas de ahorro, entre ellos 2.800 millones en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuya gestión fue calificada por el compareciente como “lo peor de lo peor”.
No es casual que los interventores del FROB destituyeran de inmediato al Consejo de Administración de la CAM y a su presidente, Modesto Crespo, prohibiéndole la entrada en su sede social. Efectivamente, los datos publicados son abrumadores: según el FROB, en la antesala de la intervención, el anterior director general, Roberto López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con un total de 15,5 millones de euros. López Abad se habría embolsado 5,8 millones de indemnización; Agustín Llorca, dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano 1,5 millones y otros tantos Gabriel Sagristá.
La sucesora de López Abad, María Dolores Amorós, su mano derecha, no quiso ser menos y se atribuyó un sueldo de 593.040 euros anuales y una renta anual vitalicia de 369.497 euros por ejercicio. Y todo ello, sin informar a los órganos rectores de la entidad y pese a que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Con independencia de que el Banco de España exija la devolución del dinero embolsado, con intereses, y la apertura de expedientes sancionadores a los gestores, en mi calidad de diputado, miembro de la Diputación Permanente del Congreso, y ante la alarma social producida, le ruego que adopte las medidas adecuadas para que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio la posible existencia de ilícitos penales en la actuación de los mencionados ex directivos de la CAM, y en su caso, se abran diligencias para sustanciar las responsabilidades de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja.
Teniendo en cuenta que el proceso de intervención se completó el 30 de septiembre con la intervención del FROB en Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, investigaciones similares deberían ser abiertas de oficio. Ante el quebranto producido, a esa Fiscalía corresponde la defensa de los intereses generales del Estado, de los depositarios y los contribuyentes en general, de cuyos bolsillos sale el dinero para la capitalización de las cajas intervenidas.
