-   La normativa fija los conceptos de infraestructuras y servicios ferroviarios de interés del Principado, independientemente de la administración a la que pertenezcan

-   La consejera Belén Fernández ha explicado hoy en la Junta General el contenido del proyecto, en cuya tramitación se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas para alcanzar el máximo consenso

La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha defendido hoy en la Junta General del Principado la necesidad de contar con una Ley de Movilidad que regule los modos de transportes y favorezca un tejido de más de 3.000 empresas que conforman este sector en Asturias y el empleo vinculado a las mismas.

Fernández, que ha comparecido hoy en la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento para informar sobre el Proyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, ha considerado que éste es el momento idóneo para aprobar la normativa, ya que la comunidad dispone de un Consorcio de Transportes consolidado y en constante evolución, y de un mapa concesional zonal de servicios de transporte regular por carretera sin precedentes en el país. A ello se suman el Plan de Movilidad Multimodal del Área Central, que está en elaboración; una red ferroviaria de enorme importancia y que debe desempeñar un papel capital en la movilidad, y un sector de actividad económica complejo y heterogéneo, con muchos operadores, que necesitan una legislación de referencia.

La nueva norma, que se estructura en doce títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, y nueve finales, tiene por objeto regular los transportes y sus actividades auxiliares y complementarias, de competencia del Principado y de sus concejos, así como promover una movilidad universalmente accesible, segura, asequible y que apueste preferentemente por modos sostenibles. Según ha destacado Fernández, en el proceso de tramitación del proyecto de ley se han tenido en cuenta las numerosas alegaciones presentadas con el fin de lograr el mayor nivel de consenso posible.

Entre las principales novedades que incorpora la normativa se encuentra la regulación de todas las competencias del Principado y de los municipios en materia de movilidad y transporte, además de la ordenación de los modos posibles, no sólo por carretera y ferrocarril, sino también por cable, aeródromos, helipuertos y el transporte marítimo, así como las estaciones y aparcamientos disuasorios.

En materia ferroviaria, regula las infraestructuras de titularidad autonómica y su acceso, y crea el concepto de interés del Principado, sin prejuzgar las administraciones titulares de esos servicios o instalaciones e instando a una coordinación entre ellas.  

También define unos servicios de infraestructuras de transporte público en el área central de interés metropolitano, consecuentemente con la realidad territorial de esa zona de la región, para los que se exige una coordinación integrada y que fomente la intermodalidad o la convivencia de los distintos modos.