El Gobierno defiende el proyecto de Ley de Asturianía, que da respuesta a los cambios de la emigración y genera nuevos derechos para los ciudadanos desplazados

-   Más de 135.000 asturianos residentes en el extranjero y retornados a la región se beneficiarán de una norma que reconoce por primera vez sus derechos individuales

-   El texto concreta las obligaciones de los poderes públicos, como el desarrollo de programas de asistencia y ayuda económica a personas en situación de desamparo y el fomento de la cultura

-   El consejero de Presidencia destaca en la Junta General que la iniciativa es fruto de un amplio consenso yconsolida el papel de las comunidades asturianas

El Gobierno del Principado ha defendido hoy en la Junta General el proyecto de Ley de Asturianía y de las Comunidades Asturianas en el Exterior, con el que se da respuesta tanto a las necesidades de la emigración histórica como a la actual. La norma reconoce y garantiza por primera vez los derechos individuales de los asturianos residentes en el extranjero, incluye a los retornados, consolida el papel de los colectivos de emigrantes y fija con carácter estable las obligaciones de los poderes públicos.

El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno el 31 de mayo de 2016, adapta el ordenamiento jurídico a los cambios experimentados en las últimas décadas y aborda nuevos fenómenos como el regreso de asturianos desplazados y la emigración joven.  "Este proyecto no es sólo un compromiso del Ejecutivo, sino una necesidad con la que intentamos dar respuesta a quienes llevan toda una vida fuera de la región, a sus descendientes y a los que recientemente han seguido los mismos pasos", ha precisado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez.

Frente a la norma actual, que data de 1984 y se limita a reconocer la asturianía a los centros, casas de Asturias y asociaciones, la nueva propuesta define quiénes son los asturianos en el exterior y establece un marco para que puedan disfrutar de los mismos derechos que los residentes en el Principado. Se reconocen así sus derechos individuales y también los de las personas retornadas, a quienes los poderes públicos "han de facilitar el regreso suprimiendo obstáculos que dificulten la integración social y laboral, con particular atención a situaciones de especial necesidad, menores desprotegidos y víctimas de violencia de género".  Más de 135.000 asturianos se beneficiarán de los cambios que introduce la ley: 129.296 residentes en el extranjero y otras 6.300 personas que han retornado a la comunidad en los últimos ocho años, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística.

"Los emigrantes son un auténtico patrimonio para el Principado. No podemos entender la evolución de nuestra región en el último siglo y medio sin los desplazamientos de miles de asturianos", ha recordado Martínez. Por eso, el proyecto de ley fija también las obligaciones de los poderes públicos, que pasan por el desarrollo de programas asistenciales para personas en situación de emergencia o desamparo, la oferta de información a los residentes en el extranjero  y el fomento de la cultura, la historia y la llingua asturiana. El texto dedica especial atención a los jóvenes descendientes de asturianos, garantes de la conservación de lazos afectivos, económicos y sociales con su tierra de origen, y a la inclusión de las mujeres en la representación de los colectivos de emigrantes.

Nuevas competencias

La ley refuerza, asimismo, el papel de las comunidades asturianas, instrumentos fundamentales para la promoción e impulso del conocimiento y la identidad regional. También  se añaden nuevas competencias para el Consejo de Comunidades Asturianas, el órgano de apoyo y asesoramiento en materia de emigración exterior creado en 1984, cuyo plenario se amplía con la incorporación de asociaciones de retornados y de nueva emigración. Asimismo, el texto reconoce expresamente el papel de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) como interlocutora de las entidades con reconocimiento de asturianía.

"El proyecto de ley ha sido fruto de un amplio proceso de participación, debate y consenso",  ha valorado el titular de Presidencia, que ha recordado en ese trámite han tomado parte colectivos de emigrantes, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, la Universidad de Oviedo y las cámaras de comercio, entre otras organizaciones.

El Gobierno de Asturias asume en la norma la obligación de elaborar cada cuatro años un plan integral con acciones en favor de los residentes en el exterior y liderará la creación de un nuevo Registro de la Emigración, que pasará a depender de la consejería con competencias en el área. También obliga a convocar anualmente la Escuela de Asturianía, una de las iniciativas más valoradas por las casas y centros asturianos, que ha permitido impulsar cerca de 40 grupos de gaitas y baile y formar a 127 monitores en cultura, folclore, antropología y movimientos artísticos, lo que garantiza que las tradiciones locales permanezcan vivas en las colectividades del exterior.

Guillermo Martínez ha señalado que el Gobierno ya está cumpliendo con estas obligaciones desde principios de la pasada década, a través de la ejecución de cuatro pales de emigración con los que se han articulado  medidas de protección social y promoción de la cultura.

La nueva regulación también permitirá adecuar la normativa autonómica a dos leyes de ámbito estatal que afectan directamente a la población emigrada: la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que garantiza a los españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con quienes residen en España, y la 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución durante la guerra civil y la dictadura.