IU defenderá una ley asturiana de memoria democrática que dé respuesta a los derechos de las victimas
El grupo parlamentario defenderá en la Junta una normativa similar a la andaluza que propone la creación de un Instituto Asturiano de Memoria Histórica, que incoará de oficio el procedimiento para la localización e identificación de restos, así como la inclusión en el curriculum educativo, entre otras cuestiones.
El grupo parlamentario de IU en la Junta General impulsará una propuesta de ley para recomponer, dar impulso y garantía jurídica a una nueva legislación sobre memoria democrática, similar a la ley recientemente aprobada en el parlamento andaluz, que no contó con ningún voto en contra. Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, la diputada Concha Masa, y Roberto Ruiz, responsable de Memoria de IU de Asturias, presentaron esta iniciativa que pretende reforzar e impulsar el papel de la administración asturiana en respuesta a los derechos de las víctimas del franquismo, frente a un discurso de equidistancia que pretende imponerse desde algunos sectores. Se trata, a juicio de Ruiz, de una ley para oponer a la memoria del dolor la memoria de la dignidad, haciendo efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación de la violación de los derechos humanos cometidos en la guerra y la dictadura. A juicio de Gaspar Llamazares la iniciativa pretende impulsar la legislación sobre memoria, después de que el Congreso demandase el impulso de la Ley de Memoria Histórica, aunque tenga deficiencias, y explorar y garantizar el marco normativo de las comunidades autónomas en defensa y apoyo de las víctimas, normas reguladoras que aún están por desarrollar. Llamazares subraya que IU está abierta al diálogo y la negociación para que esta sea “una ley de todos”.
Concha Masa explicó que después de numerosas Proposiciones No de Ley aprobadas en la cámara asturiana, IU decidió presentar una proposición de ley que aúne todas las medidas, similares a las ya aprobadas en Navarra, Cataluña o Andalucía.
La Ley, como reconocieron los comparecientes en la rueda de prensa recoge la elaboración de un censo de víctimas, no solo desaparecidos o de las que yacen en cunetas, sino cualquier persona que sufrió la represión, exiliados, deportados, esclavizados, los reprimidos por orientación sexual o los bebes robados, … También la elaboración plan de localización e identificación de restos y fosas comunes en el marco de un procedimiento judicial válido, medidas de reparación y reconocimiento cívico y jurídico para las víctimas del franquismo, incluyendo el hacer coparticipes de las medidas de reparación a las organizaciones empresariales o de cualquier otro tipo que se hayan visto beneficiados por trabajos forzados; por otro lado, pide el reconocimiento de los lugares de la memoria democrática de Asturias, donde se hayan producido hechos relevantes, que serán protegidos y dotados de material interpretativo.
La Proposición de Ley incluye la constitución de entidades como el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática para el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en esta ley, como órgano de carácter administrativo, y el Consejo de la Memoria Democrática como espacio de coordinación con el movimiento memorialista de la comunidad.
Respecto al apartado educativo la ley recoge: La Memoria Democrática estará incluida en el curriculum de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos; la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, incorporando los nuevos enfoques y resultados de la investigación historiográfica en los últimos años; La elaboración de materiales didácticos que presenten una visión motivadora y veraz de los acontecimientos históricos y de la vida cotidiana de ese periodo. La incorporación a la Formación Permanente del Profesorado de actividades de actualización científica y didáctica, en relación con el tratamiento escolar de la guerra y la dictadura, con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas.
La Administración del Principado de Asturias impulsará, en colaboración con la Universidad de Oviedo, la investigación en materia de memoria histórica y memoria democrática mediante la consignación presupuestaria necesaria, que permita realizar proyectos de investigación que favorezcan el conocimiento de los hechos a los que hace referencia esta ley.
En cuanto al plazo de retirada de simbología franquista o cualquier otra contraria a los valores democráticos será de un año a partir de la entrada en vigor de la ley.
El texto de la ley reconoce que el procedimiento para la localización e identificación de restos se incoará de oficio por el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática en el ejercicio de las competencias que le atribuye esta ley a instancia motivada de las entidades locales, las entidades memorialistas, los miembros de la comunidad académica y científica para las actividades de localización y el cónyuge de la víctima, sus descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado. En este último caso la solicitud motivada deberá acompañarse de las pruebas documentales o de la relación de indicios que la justifiquen.
La ley incluye dos disposiciones finales en las que se insta al Gobierno de la nación a declarar la nulidad de los juicios del franquismo y a derogar la Ley de Amnistía de 1977, reclamada por el comité de Derechos Humanos de la ONU, que la considera un obstáculo para la efectividad de los derechos de verdad, justicia y reparación.
