Oviedo.-El portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular, Matías Rodríguez Feito, afirma que los estudios sobre el salario social presentados hoy a los grupos por la consejera Pilar Varela “constatan que, contra lo que dice la normativa específica para esta ayuda, sus beneficiarios no fueron objetivo de atención preferente por parte de los servicios públicos del Principado”.

Tras realizar una primera lectura de estos informes, el diputado considera “urgente, tal y como propone el Partido Popular, mejorar la gestión del salario social básico”. “Tras una década la consejería sigue sin contar con recursos, técnicos y humanos, suficientes para gestionar esta ayuda, que en 10 años ha triplicado el número de familias, de 7.000 a 21.000”, apunta,

El parlamentario subraya que la cuantía actual del salario social, 442 euros, “es valorada en estos estudios como insuficiente”. El PP propone aumentarla hasta los 532 euros, igualándola con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). “Siendo la región con mayor cobertura de toda España, la actualización normativa no ha existido, y la lista de espera no desciende, con más de 6.000 expedientes pendientes al cierre de 2016”, censura.

         Para Rodríguez Feito es “especialmente preocupante”, como confirman los estudios, la “insuficiente coordinación entre los servicios sociales y los de empleo, así como el hecho de que el seguimiento de los planes personalizados no se realiza con la frecuencia y la intensidad recomendables”.

“En el Partido Popular de Asturias nos reafirmamos en nuestra propuesta para mejorar la gestión de esta importante ayuda, mejorando en eficiencia y en rigor en beneficio de los perceptores, porque lo que queremos es que el salario social funcione y dé oportunidades de empleo”, sentencia el portavoz del PP.

La reforma, explica Rodríguez Feito, pasa por “además de subir su cuantía, hacerlo compatible con una actividad laboral” que no supere el salario mínimo interprofesional, “y limitarlo a dos años, prorrogables a uno más para casos excepcionales”.

Esto iría unido “a mejoras en la tramitación, en la colaboración entre las consejerías y con quienes crean trabajo, y a la elaboración de estudios profundos sobre las necesidades del mercado laboral”, finaliza Rodríguez Feito.