Después de que se haya dado a conocer que la resolución del Ciadi (la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial) por la que España pierde su primer arbitraje internacional por los recortes a las renovables, Greenpeace señala que este fallo pone en evidencia la nefasta política energética de los diferentes Gobiernos desde 2010 hasta hoy que, con la excusa de acabar con el “déficit de tarifa” ha ocasionado la paralización de las energías renovables en España y va a provocar cuantiosas multas que deberán ser pagadas por toda la ciudadanía. 

Greenpeace pìde que se desmonte la desastrosa reforma energética que ha provocado los numerosos arbitrajes internacionales contra España y se construya una nueva política energética que conduzca a un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable en el que se restablezca la confianza y la estabilidad que permiten el desarrollo de las soluciones al cambio climático. 

“Paradójicamente, se atribuía el recorte a las renovables a motivos económico, aunque la realidad es que para defenderse de todos los pleitos internacionales el Estado lleva gastados entre 8 y 13 millones de euros en abogados y consultores que serán pagados por la ciudadanía que no se beneficiará de las ventajas de las renovables”, ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. 

El resultado de esta política antirenovables ha sido negativo para la ciudadanía en múltiples frentes:

1. Se ha paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio ambiente, la salud e incluso la economía. Según datos del Magrama, desde 2013 las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al contrario de la tendencia Europea.

2. Se ha retrasado la transición hacia un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable, con el que la ciudadanía se ahorraría un 34% en facturas energéticas, miles de millones en importaciones energéticas y se crearían más de tres millones de empleos. Bloquear las inversiones en renovables ha impedido que este sector contribuyera a la salida de la crisis económica y de empleo.

3. Defender el Reino de España en las decenas de arbitrajes internacionales a causa de las malas decisiones gubernamentales cuesta millones de euros a la ciudadanía. Y si finalmente, como es razonable pensar, se tendrá que indemnizar a los fondos internacionales que se vieron afectados por las medidas retroactivas, el Estado habrá impuesto a la transición energética unos sobrecostes y un retraso innecesarios.

Cabe recordar que tan solo los fondos internacionales o grandes empresas extranjeras han tenido la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales de arbitrajes para reclamar al Estado español lo que les prometió por ley cuando invirtieron; mientras que los particulares y pequeños inversores, que también habían confiado en la ley para invertir en renovables, solo han podido organizarse y protestar ante el total desamparo. 

Por esto Greenpeace pide al Gobierno español que tome medidas urgentes para restablecer la seguridad jurídica en el sector renovable con especial atención para los actores no profesionales. 

Este es un problema que ha identificado incluso la propia Comisión Europea que, en consecuencia, ha incluido una disposición en la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Energías Renovables para evitar cambios retroactivos en la financiación y los mecanismos de apoyo a las energías renovables. “Por este motivo, confiamos en que el Gobierno español haya aprendido de los errores cometido y no trate de eliminar estas disposiciones en el marco de las negociaciones que se están produciendo actualmente en Europa”.