- La nueva resolución sobre la cualificación se encuentra en fase de información pública y se prevé que entre en vigor en junio
- La Consejería de Servicios Sociales ha solicitado al ministerio la eliminación del límite de edad para este proceso
El Gobierno de Asturias ha iniciado la tramitación de una nueva resolución sobre cualificación profesional y habilitación excepcional del personal de atención directa en centros y servicios sociales que permitirá dar cobertura legal a todos los trabajadores del sector de la dependencia que requieren acreditación. La resolución, que se encuentra en fase de información pública, entrará en vigor en junio y sustituirá a una norma de diciembre de 2015 que únicamente preveía la habilitación excepcional para mayores de 55 años.
La directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos, Paula Álvarez, ha mantenido hoy una reunión con representantes sindicales y profesionales del sector de la dependencia, a los que ha informado sobre la normativa que se está tramitando y la situación actual a nivel estatal.
Álvarez ha señalado que a menos de un año para que expire la moratoria sobre cualificación profesional en el sector, y dado que el Consejo Territorial no acababa de pronunciarse sobre este tema, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha decidido avanzar y elaborar una norma más comprensible, que simplifique el procedimiento de obtención de la habilitación excepcional y compatibilice la prestación de servicios de calidad con la estabilidad en el empleo.
En concreto, esta iniciativa permitirá habilitar excepcionalmente a todos los trabajadores que puedan acreditar una experiencia profesional de tres años, con más de 2.000 horas trabajadas en las categorías de cuidador, gerocultor o auxiliar de ayuda en los últimos 10 años, con independencia de su edad. Asimismo, permitirá que las personas interesadas soliciten la certificación individual para ser habilitadas en cualquier momento, sin tener que ceñirse a un plazo fijado por convocatoria pública.
La habilitación será definitiva en el caso de las personas que tuvieran al menos 55 años el 31 de diciembre de 2015, según lo acordado en el Consejo Territorial. Para las demás, estará condicionada a que se comprometan a participar en los procesos de obtención de la cualificación profesional que se promuevan desde los servicios públicos de empleo y tendrá una validez máxima de cinco años (hasta 2022), salvo que adquiera carácter definitivo como consecuencia de un nuevo acuerdo del Consejo Territorial o de una norma estatal que así lo establezca.
En este sentido, la directora ha avanzado que en la reunión de la comisión delegada que se reunirá este mes en Sevilla para abordar este asunto, el Ejecutivo autonómico defenderá la eliminación del límite de edad para este proceso o la extensión de la habilitación condicionada para los menores de 55 a todo el territorio nacional, tal y como ya ha trasladado por escrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Álvarez ha hecho llegar también a las empresas y organizaciones sindicales la voluntad del Principado de contar con su apoyo en este ámbito y les ha garantizado que, como ha ocurrido hasta ahora, serán informados en todo momento de la evolución del proceso.
Las certificaciones individuales seraìn expedidas una vez entre en vigor la normativa mediante su publicación en el BOPA.
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales abrió en mayo de 2016 un proceso de habilitación excepcional dirigido al personal de más de 55 años, del que se han beneficiado hasta ahora 189 personas.
