El Principado ha destinado 19 millones a las políticas sobre justicia del menor en los últimos tres años y ha aumentado un 6% la partida para el centro de Sograndio en 2017  

-        La Consejería de Presidencia habilita 105.000 euros para duplicar las plazas de un programa de convivencia educativa que combate la violencia que ejercen los hijos contra sus padres

El Gobierno de Asturias ha destinado 19 millones de euros en los tres últimos años a las políticas relacionadas con la justicia del menor y ha incrementado un 6% este ejercicio la partida para atender mejoras en el centro de Sograndio, destinado a jóvenes que cumplen medidas privativas de libertad.

Ambas cifras reflejan, tal y como ha señalado hoy el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, en la presentación de la memoria del Servicio de Justicia del Menor, que estas cuestiones figuran entre las prioridades del Ejecutivo autonómico, que también ha impulsado los programas de medidas judiciales en medio abierto y de medidas extrajudiciales, y ha consolidado un recurso de violencia filioparental, para el que se duplicarán las plazas disponibles.

En un acto que ha contado con la presencia de los máximos representantes de la Administración de Justicia en Asturias, Guillermo Martínez ha reiterado su compromiso con la gestión pública en Sograndio “frente a otras comunidades autónomas que han apostado por modelos mixtos o gestionados por fundaciones privadas”.

“Con 29,5 internos de media el año pasado, Sograndio es en esencia una institución cuyo objetivo es la reeducación y la reinserción de los internos mediante acciones y programas de carácter educativo”, ha indicado. El centro cuenta con 26 educadores.

Las acciones en Sograndio se desarrollan en varios frentes. Por un lado, para aquellos que tienen edades inferiores a 16 años se garantiza su escolarización en centros educativos próximos. Quienes superan esa edad, o bien prosiguen su itinerario educativo o asisten a un programa de formación profesional integrado por siete talleres, complementado con orientación laboral y asesoramiento en la búsqueda de alternativas para cuando abandonen el centro. También hay intervenciones específicas sobre violencia filioparental, drogodependencias y violencia de género.

Medidas en medio abierto o de carácter extrajudicial

El segundo bloque de políticas en materia de menores infractores, para el que se ha asignado este año un presupuesto de 426.000 euros, lo constituyen los programas para el cumplimiento de medidas judiciales en medio abierto y las medidas de carácter extrajudicial En ambos casos, las intervenciones son diseñadas por la Asociación Centro Trama.

Las medidas judiciales en medio abierto, que decide el Juzgado de Menores, consisten en actividades en beneficio de la comunidad o en  interés del propio menor. El año pasado participaron en este programa 241 jóvenes que desarrollaron 318 intervenciones. Las acciones más comunes fueron las tareas socioeducativas, seguidas de la libertad vigilada y las prestaciones en beneficio de la comunidad.

Por su parte, las medidas extrajudiciales, acordadas a instancias de la Fiscalía de Menores, están orientadas a evitar el proceso judicial de los infractores y persiguen una reparación o compensación de los daños y una conciliación con las víctimas. En 2016, participaron 37 menores que desarrollaron 47 actuaciones.

Recurso sobre violencia filioparental

El consejero también se ha referido a la importancia del recurso específico sobre violencia filioparental, para el que el Principado cuenta con la colaboración de la Fundación Cruz de los Ángeles, y que pretende reforzar la convivencia en grupos educativos frente a un fenómeno creciente: la violencia de los hijos hacia sus padres o tutores legales.

La consejería ha habilitado este año una partida de 105.000 euros para duplicar las plazas disponibles, impulsar este recurso y garantizar una actuación integral sobre los jóvenes implicados en conductas de maltrato.

Guillermo Martínez ha indicado que todas las acciones del Gobierno del Principado en esta materia “dan prioridad al interés general de los jóvenes infractores y su reinserción en nuestra sociedad”, y ha expresado su agradecimiento “a todas las instituciones, entidades y colectivos que colaboran en el desarrollo de programas e intervenciones relacionados con estas conductas delictivas”.