Mari Luz Rodríguez explicó que hay que asegurar el seguimiento de la Estrategia 2020 se lleve a cabo de tal forma que se garantice la plena absorción de fondos "de acuerdo con la realidad de la estructura productiva del país y de cada región en cada momento".

En este mismo sentido, indicó que "las situaciones de partida de las distintas regiones no son las mismas", variando incluso la estructura productiva entre regiones similares. Asimismo, puntualizó que el impacto de la crisis "es diferente, por lo que los caminos para alcanzar los objetivos de la Estrategia son igualmente diferentes".

La responsable de Empleo expresó el apoyo de España a la introducción de la categoría 'regiones en transición', que sustituirá a los actuales sistemas de retirada progresiva y de inclusión gradual "ya que facilitará el paso a una situación más favorable". También mostró su acuerdo en la financiación vinculada a los resultados "siempre que sean objetivos y realizables".

"Creemos que la condicionalidad relacionada con la gobernanza económica puede dificultar seriamente la financiación", subrayó.

Mari Luz Rodríguez afirmó que nuestro país considera fundamental que el FSE se dirija a promover un alto nivel de empleo de calidad, "porque la crisis no debe provocar pérdida de derechos", con especial atención al empleo de los jóvenes, desempleados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social.

Además, el FSE debe ayudar a la modernización de los servicios públicos de empleo y la mejora de la formación y la educación, adaptándolas a las nuevas necesidades de los mercados y para reducir el abandono escolar temprano, con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación presentes siempre en todas las acciones financiadas.

Entre 2007-2013, España ha recibido 8.057 millones de euros del Fondo Social Europeo.

Plan de ayuda alimentaria

Por otra parte, la secretaria de Estado transmitió el apoyo del Gobierno español a la modificación de la regulación del Plan de Ayuda Alimentaria para que 13 millones de ciudadanos europeos en riesgo de exclusión social puedan continuar recibiendo alimentos de primera necesidad.

España se muestra así en sintonía con la postura expresada por Francia y Eslovenia que permitiría que en 2012 y 2013 "las personas más necesitadas de la Unión Europea puedan seguir beneficiándose de esta ayuda".

Este Plan está dirigido a la compra de excedentes agrícolas para atender a la alimentación de las personas más necesitadas y está dotado económicamente hasta 2013. Con carácter excepcional, el Plan prevé la compra de alimentos en el mercado cuando los excedentes sean inferiores a la dotación establecida.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia obliga a que la compra se refiera exclusivamente a los excedentes. Por este motivo, el Gobierno de España considera que "lo  más urgente" es reformar la regulación del Plan para que las personas más necesitadas puedan seguir beneficiándose en 2012 y 2013.