Greenpeace ha publicado hoy un informe que revela cómo España, que es la nación más influyente en las negociaciones de la reforma de la Política Pesquera Común, esta reiterada y sistemáticamente permitiendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) realizada por su flota en aguas europeas y de todo el mundo. El informe, titulado Investigación en el océano, toma como ejemplo el caso de la empresa Vidal Armadores S.A.

España tiene la flota pesquera más grande de Europa que se mantiene con miles de millones en subsidios (más del doble de la cuantía de las subvenciones recibidas por cualquier otro país de la UE). Entre 2000 y 2006 España recibió alrededor del 44% de los subsidios, y entre 2007-2013 cerca del 26%. Si España continúa con esta práctica se prevé que menos del 10% de los stocks pesqueros mantendrán niveles sostenibles en 2022 (1). Las principales áreas de pesca se volverán improductivas en poco más de una década.

“Hasta un 49% de la captura mundial es ilegal, no declarada y no regulada (2), y ésta es una de las razones principales por las que nuestros recursos pesqueros están sobreexplotados. En Europa estas malas prácticas están siendo financiadas con  nuestros impuestos, en realidad pagamos impuestos para que saqueen nuestros océanos, se destruya el futuro de la pesca, y se devaste el medio marino. Esto demuestra lo mal que ha funcionado hasta ahora la política pesquera común." ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.

El informe Investigación en el océano documenta las actividades de las empresas de la familia Vidal  y su larga historia de pesca ilegal; sus procesamientos y condenas y sus  exitosos intentos para evitar la justicia, así como el continuo fracaso del Gobierno para hacer frente a un problema que se ha denunciado en numerosas ocasiones. Esta empresa ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones. El informe revela que a pesar de que Vidal Armadores fue denunciada en 2009 por pesca ilegal, y a pesar de su largo historial IUU en 2010 la Xunta de Galicia (3) le concedió una subvención de  6,5 millones de euros para esta abrir una fábrica de aceite de pescado omega 3.

“España no sólo ha favorecido, en el reparto de los subsidios, a la flota industrial, la más destructiva, sino que ha desoído los llamamientos internacionales para dejar de subvencionar a empresas reconocidas por sus prácticas de dudosa legalidad. En el otro lado de  la balanza, nos encontramos con que, a pesar de que el 80% de la flota pesquera es artesanal, ésta apenas ha recibido subsidios, lo que la conduce a su desaparición. El Gobierno español debe mirar por el futuro de los mares y sus pescadores, dejar de subvencionar la destrucción de la pesca y no premiar a quienes cometan ilegalidades”, ha añadido Celia Ojeda.

Greenpeace demanda una completa investigación por la UE en las subvenciones concedidas al sector pesquero español, y demanda que, en el futuro, los subsidios se otorguen a aquellas prácticas pesqueras legales, transparentes y sostenibles, en consonancia con los objetivos de la Política Pesquera Común.