El Claustro Universitario avaló el pasado viernes la propuesta de AFIA que evitaría que se perdiesen 1.880.000 euros de las ayudas predoctorales Severo Ochoa de 2016, que se sumarían a los 3.600.000 euros de las ayudas de 2015.

El Claustro Universitario aprobó el pasado viernes el manifiesto elaborado por la “Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturies (AFIA)” en el que se proponen una serie de medidas que evitarían que el presupuesto previsto para las ayudas predoctorales Severo Ochoa no fuese íntegramente ejecutado por los retrasos en su adjudicación y una serie de defectos en la redacción de las bases reguladoras de las ayudas.

En 2014, las ayudas se concedieron tres meses después del inicio de curso. En 2015, no se convocaron, y aun se espera la adjudicación de las ayudas del año 2016. Se ha perdido la estabilidad en la convocatoria. En las próximas semanas se concederán 55 becas (frente a las 90 que debieran haber sido adjudicadas hasta este momento). Por tanto, 172 personas quedarán en reserva.

A consecuencia de dichos retrasos, si no se modifica la redacción de las bases reguladoras,ninguno de los solicitantes que reciba la ayuda podrá disfrutar íntegramente del periodo concedido y, si no se introducen cambios en la convocatoria de 2017, personas que aún esperan su ayuda dejarán de cumplir los requisitos.

En 2014, entre la fecha de resolución provisional (19/09/2014) y la definitiva (17/11/2014), transcurrieron 59 días, y los solicitantes tan solo dispusieron de 11 días para incorporarse (28/11/2014).

Por tanto, en caso de ser optimistas con la fecha de la resolución de adjudicación, y ante la falta de respuestas sobre LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA FECHA DE INCORPORACIÓN, una posible fecha para las incorporaciones podría ser el 15 de mayo. Bajo esta hipótesis, quienes hubiesen quedado en reserva en 2014 acumularían 32 meses de matrícula, y solo podrían disfrutar de 16 meses de contrato predoctoral. En 2015 se publicaron las bases de la nueva convocatoria, pero pese a estar presupuestado el gasto en uno 3.600.000 euros, nunca se convocaron las becas. Quienes entonces hubiesen confiado en la Consejería de Educación y se hubiesen matriculado, acumularían 20 meses de matrícula, y solo podrían disfrutar de 28 meses de contrato. Por último, quienes se hayan matriculado en el presente curso académico tampoco podrían disfrutar íntegramente de la dotación presupuestada para sus cuatro años de ayuda, perdiéndose 8 meses de contrato. Sin embargo, las 55 ayudas tendrían prevista dotación presupuestaria para contratos de formación de cuatro años.

Esta pérdida de recursos podría evitarse si se hubiese mantenido el número de plazas y la estabilidad en las fechas de las convocatorias. Dado que no ha sido así, AFIA propone utilizar la figura del periodo de orientación posdoctoral (POP), que ya ha sido previamente utilizado dentro del marco del Plan Estatal de Investigación y guarda conformidad con la Ley de Ciencia de 2011. La redacción actual de las bases reguladoras de la ayuda suponen el fin del contrato cuando el doctorando alcanza cuatro años matriculado en estudios de doctorado, pero le obligan a matricularse cada mes de septiembre para solicitar la ayuda. Sin embargo, el currículo de un investigador no se completa con la obtención del título de doctor, sino que depende casi en exclusiva de la publicación de sus resultados en revistas científicas cuyas evaluaciones son lentas y pueden prolongarse durante más de un año.

Los efectos negativos de esta pérdida de recursos no sólo repercuten en los futuros investigadores, sino también en la sociedad. La evidente escasez de ayudas públicas para la realización de estudios de doctorado puede desanimar a muchas personas que se planteen comenzar una carrera en investigación. Como consecuencia, la generación de conocimiento en nuestra región podría verse notablemente mermada en los próximos años. De hecho, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los doctorandos pueden ser de gran utilidad en numerosos ámbitos: pueden impulsar otras investigaciones, ayudarnos a entender nuestro entorno, mejorar la calidad de la sanidad y la educación, fomentar iniciativas empresariales… Cortar esta fuente de conocimientos útiles tendría un impacto claramente perjudicial para una región como Asturias, con una población muy envejecida y una economía que aún sufre las consecuencias de un fuerte proceso de desindustrialización.