La Unión Progresista de Fiscales pide la dimisión del Ministro de Justicia por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la ley, "el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal."