El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), forman parte del Proyecto L de “Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad”.
El director del PNUD en Uruguay, Antonio Molpeceres definió que el objetivo de la ONU es asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Agregó que el desembolso de dinero no es lo fundamental: “con poco dinero se puede apoyar un encuentro como éste, donde vienen cinco jefes de Policía y esto no cuesta mucho, pero es necesario. En Naciones Unidas intentamos abrir espacios de intercambio de experiencias para que la gente pueda aprender, sentenció el funcionario".
Sostuvo que la evaluación del relator especial de ONU para derechos humanos de personas privadas de libertad, Nowak, generó la conciencia necesaria para comprender la necesidad de una reforma penitenciaria.
El programa Unidos En la Acción financia proyectos vinculados con cinco áreas de desarrollo: área productiva, gobernabilidad democrática y derechos humanos, desarrollo sostenible y cambio climático y servicios sociales.
Uruguay es el único país de renta media-alta seleccionado por la ONU para implementar este programa, que forma parte del proceso de transformación administrativa de este organismo multilateral.
Proyecto L invirtió 480 mil dólares en un año y medio de ejecución
Según los técnicos de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, organismo que orbita en la OPP, la articulación institucional permitió mejorar la eficacia de los recursos económicos. La coordinadora del proyecto L Malena Pérez reveló que se invirtieron cerca de 480 mil dólares en un año y medio de ejecución. La lista de actividades y resultados será evaluada al finalizar este año.
La coordinadora del Proyecto L, Malena Pérez, explicó que los recursos son destinados al fortalecimiento institucional del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación, creado este año.
Este proyecto creado en 2010 trabajó en tres líneas de acción: aportar conocimiento y reflexión, asistencia técnica, y programas piloto de educación y tratamiento para el consumo problemático de drogas.
De manera específica, el proyecto colabora con el proceso de reformas del código penal y el código procesal penal, estudios jurídicos sobre el trabajo en régimen de privación de libertad, análisis de la situación de las mujeres en privación de libertad, creación de espacios de intercambio entre el INR y otros organismos.
Pérez consideró que la estructura de la INR es incipiente y desarrolló los programas a fortalecer en las áreas de medidas alternativas, sustitutivas, y de diagnóstico y clasificación de reclusos. “Este apoyo lo dirige la propia INR para comprobar los resultados de cada paso y mejorar la metodología en esta etapa de creación”, concluyó.
Informó que se realizó un programa piloto de educación y tratamiento para el consumo de drogas en tres centros de Montevideo: Punta de Rieles, Centro Nacional de Reclusas y El Molino, donde son recluidas las mujeres con hijos a cargo.
En este programa se apoyó la instalación y el equipamiento para iniciar actividades piloto en salas de informática, taller de serigrafía, invernáculos, una sala para procesar y envasar alimentos, hasta un taller de artesanía en plata y cerámica que continuará el Ministerio de Cultura.
Sobre consumo problemático de drogas, Pérez mencionó el trabajo con mujeres seleccionadas para iniciar un tratamiento de siete meses cuya experiencia sirvió para desarrollar un modelo de atención para privadas de libertad. Además, se trabajó en la capacitación del personal sanitario que trabaja en el sistema penitenciario, que incluye médicos, enfermeros y psicólogos.
Malena Pérez comprende que el trabajo debe complementarse con el personal del Poder Judicial. “Con el proyecto avanzamos mucho con los actores que están relacionados directamente con el problema, pero considero que para generar una transformación hay que involucrar a otros actores; el Poder Judicial tiene que estar involucrado, no solo en remitir a la cárcel sino en el seguimiento de las personas, en cómo transitan el proceso de cumplimiento de condena”.
