-   Más de 50.000 personas participan cada año en las actividades de los 50 ayuntamientos que desarrollan acciones de prevención del consumo de sustancias tóxicas

-   El tercer programa de FP dual incrementa la estancia del alumnado en los centros de trabajo desde 380 hasta las 1.000 horas

-   El Principado instalará el consultorio sanitario de Campo de Caso en la antigua casa del médico, cedida por el consistorio

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy destinar 857.000 euros a financiar dos importantes estrategias de la Consejería de Sanidad relacionadas con la promoción de la salud y la protección de los derechos de los usuarios: los planes municipales de drogas y las oficinas de información al consumidor.

Los planes municipales de drogas, cuya convocatoria de subvenciones está dotada con 755.000 euros, constituyen uno de los instrumentos fundamentales de prevención y reducción de daños relacionados con el consumo abusivo de sustancias tóxicas.

Cada año, unos 50 ayuntamientos optan a estas ayudas, que les permiten organizar unas 900 actividades, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, en las que toman parte más de 50.000 personas. Así, se llevan a cabo alrededor de 70 iniciativas genéricas de prevención dirigidas a toda la población, unos 150 programas para el ámbito escolar, 300 actividades en centros educativos, medio centenar de cursos de orientación familiar y cerca de 300 acciones de ocio alternativo.

Los planes plantean medidas de prevención y promoción de la salud, además del trabajo con familias y menores en riesgo, y el mantenimiento de recursos orientados a la reducción del daño causado por el consumo abusivo de sustancias. Por estos recursos pasan anualmente más de 8.000 personas. En su mayoría, a través de las unidades móviles de reducción del daño y centros de emergencia social, que atienden cada año a unos 6.400 usuarios. Otros 2.000 reciben asistencia en centros de día, centros de desintoxicación, pisos y comunidades terapéuticas.

Todas estas actividades generan unos 150 puestos de trabajo directos, fundamentalmente en organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y empresas del tercer sector que desarrollan su labor en el campo de las adicciones, además de otros 50 empleos en los ayuntamientos que impulsan estos planes.

Por otra parte, el Gobierno apoyará con 102.000 euros los proyectos que realizan las entidades locales en materia de consumo. Por ejemplo, actividades dirigidas al asesoramiento e información de los ciudadanos, tramitación de denuncias y actuaciones inspectoras relacionadas con el control de seguridad de productos y servicios. También financiará necesidades de personal, equipamiento, funcionamiento y, en general, cualquier acción que contribuya a promover la protección de los consumidores y usuarios.

Actualmente, 18 entidades locales han asumido estas competencias mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza de consumo y la creación de una oficina municipal de información al consumidor (OMIC). Se trata de los ayuntamientos de Avilés, Cangas de Onís, Castrillón, Corvera, Gijón, Grado, Lena, Mieres, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Siero, Tineo, Valdés, Vegadeo y las mancomunidades de Cabo Peñas y Valle del Nalón.

Apuesta por la Formación Profesional

El Principado suscribirá un convenio de colaboración con las empresas que acojan a alumnado de Formación Profesional dual del sistema educativo. El convenio estará vigente durante el actual curso académico y el próximo.

La FP dual exige que las horas del alumnado en la empresa supongan, al menos, el 33% del total del ciclo formativo. El tercer programa impulsado por la Consejería de Educación   ha permitido incrementar la estancia de los estudiantes en los centros de trabajo desde 380 a 800 horas, en algunos casos, y hasta 1.000, en otros, con lo que se mejora sustancialmente su cualificación y empleabilidad.

Asturias ha optado por un modelo en el que los alumnos tienen contacto continuado con la empresa desde que finalizan el primer curso hasta que culminan sus estudios. Esta opción permite que, al titularse, hayan acumulado 1.620 horas de formación teórico-práctica en los centros educativos y 1.000 en los de trabajo, lo que favorece un buen nivel de cualificación profesional inicial.

El alumnado desarrolla las actividades formativas programadas en las instalaciones, locales o centros de trabajo de las empresas, sin que esto implique relación laboral alguna entre ambas partes.

El interés por este tipo de enseñanzas queda patente en la evolución de las cifras registradas en los últimos años. Así, del primer programa de FP dual del sistema educativo, que se puso en marcha en 2012, se beneficiaron 109 alumnos de 6 centros, mientras que en el tercero (2016-2018) han participado 265 estudiantes de 28 centros que están realizando su formación en 169 empresas. En esta ocasión, se ha abierto la participación a todos los centros que imparten ciclos formativos de grado medio y superior en la modalidad presencial, cuando en los dos primeros programas se limitaba únicamente a los centros integrados.

La consejería trabaja ya en la definición del cuatro programa, con el que se espera potenciar esta vía de formación para llegar a más alumnos e implicar a un mayor número de empresas y centros educativos.

Cambio de ubicación del consultorio médico de Campo de Caso

El Ejecutivo ha aceptado la cesión de uso del edificio y la parcela en la que se ubica la antigua casa del médico de Campo de Caso, para la reubicación del consultorio sanitario.

Actualmente, la atención se presta en un inmueble que carece de espacio para adecuar una estancia para el personal sanitario durante las guardias.  Además, el consultorio se ubica en un promontorio con una pronunciada pendiente, lo que dificulta la llegada de personas con movilidad reducida y también el acceso en automóvil.

Tras obtener la cesión por parte del Ayuntamiento, la Consejería de Sanidad recuperará la actividad asistencial en la antigua casa del médico, con lo que se mejorará la entrada para peatones y se asegurará la llegada del transporte sanitario hasta la puerta del edificio. Además, en el piso superior se habilitará un espacio para el personal de guardia.

En la planta baja se instalarán dos consultas, un área administrativa con archivo de historias clínicas, sala de espera, y aseos adaptados. El presupuesto de la actuación, incluida en la ley del crédito extraordinario que se tramita en la Junta General, es de 65.000 euros. Las obras podrían comenzar en el segundo semestre del año.

Prórroga del convenio Orve

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la prórroga del convenio con la Administración General del Estado para el uso de la aplicación Orve como mecanismo de acceso al sistema de interconexión de registros. Esta aplicación permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro y enviarlo al instante mediante procedimiento electrónico. Orve también permite a las oficinas de registro recibir los asientos registrales que les correspondan.

La documentación en papel se devuelve al ciudadano, no se custodia ni archiva. Es decir, se elimina el papel en las oficinas de registro, por lo que desde su puesta en marcha, el sistema ha permitido un ahorro postal en el envío de cartas certificadas que ronda los 90.500 euros.

El 1 de diciembre de 2015, la Administración autonómica comenzó a utilizar Orve como mecanismo de acceso al sistema de interconexión de registros. Desde entonces, se han habilitado nueve oficinas para trabajar con la aplicación: el registro general central y los registros generales de las ocho consejerías. Actualmente están integradas en ella la Administración General del Estado y todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, Galicia y País Vasco.

En el caso de Asturias, también se han adherido 30 ayuntamientos, cuya población representa el 68,04% del total de la comunidad: Allande, Avilés, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Coaña, Corvera, El Franco, Gijón, Grado, Lena, Llanera, Llanes, Morcín, Noreña, Oviedo, Peñamellera Alta, Ponga, Proaza, Ribadesella, Tineo, Villanueva de Oscos, Yernes y Tameza, Riosa, Taramundi, Soto del Barco, Illas, Parres, Castropol y Peñamellera Baja. Además, otros catorce municipios han iniciado los trámites para poder utilizar esta aplicación: Piloña, Amieva, Bimenes, Cangas de Onís, Carreño, Grandas de Salime, Mieres, Nava, Navia, Onís, Pesoz, San Martín de Oscos, Somiedo y Vegadeo.