El Tribunal de Cuentas publicó en diciembre un informe en el que repasa la situación de las comunidades autónomas en relación con la utilización de la figura de las encomiendas de gestión. En él se censura la reiterada preferencia de los gobiernos autonómicos por esta práctica, que con excesiva frecuencia deriva a empresas externas las tareas propias de la Administración. Denuncia que los encargos a empresas externas se hacen para funciones estructurales, no responden al carácter concreto y específico que deberían tener las encomiendas de gestión. Asturies fue la sexta comunidad autónoma que más recurrió a este mecanismo en 2015, con 135 encomiendas.

La Sindicatura de Cuentas asturiana ya había denunciado la situación de las encomiendas de gestión: en ninguna de ellas se realizó un análisis previo y riguroso que justificara la elección de «este sistema de gestión frente a otras posibles alternativas, como la licitación pública o la ejecución por la Administración». También hacía referencia a las irregularidades cometidas en cuanto a justificación de los trabajos realizados, la falta de amparo legal para algunos de esos cometidos, la ausencia de conformidad en facturas o la posterior subcontratación de servicios a terceros por la empresa encomendada por la Administración, así como la inexistencia de cláusulas a favor de la igualdad en estas contrataciones. La Sindicatura concluye que en seis encomiendas de gestión se traspasó el ejercicio de potestades o funciones públicas a trabajadores externos que utilizan los servicios de la administración para realizar funciones propias de empleados públicos.

Podemos Asturies considera necesaria una regulación autonómica para delimitar claramente la utilización de encomiendas de gestión por la Administración, puesto que la situación de tales encomiendas es un brazo más de la hidra que supone la gestión pública paralela de lo público en Asturies. La mejora de la gestión pública, el fortalecimiento de los servicios públicos y la delimitación clara de las derivaciones de funciones públicas a los organismos y entes del sector público paralelo fue uno de los ejes centrales de la negociación de cara a los presupuestos para 2017.

El Tribunal de Cuentas advierte en su reciente informe de que Asturies es una de las tres comunidades sin legislación propia sobre encomiendas de gestión, junto con Castilla y León y La Rioja. Las reticencias del Gobierno asturiano en este tema son evidentes y el entramado paralelo que fue desarrollando la FSA a lo largo de tres décadas sirve para justificar el vaciamiento de lo público y para potenciar la incrustación de entes creados más en función de las necesidades del partido gobernante que de las necesidades de la sociedad asturiana.

Podemos Asturies promoverá una regulación normativa que evite la utilización de herramientas de gestión paralela como las encomiendas para derivar fondos y funciones públicas a organismos externos. Esta legislatura debe traer avances decisivos en la gestión pública, en la optimización del gasto público, en el saneamiento de la Administración paralela y también de la pública, y en el asentamiento de unos servicios públicos dignos y de calidad que respondan a lo que necesita la sociedad. La regulación legal de las encomiendas de gestión para evitar abusos y desviaciones ha de suponer un paso en ese camino.