Finaliza también la construcción de la subestación eléctrica y sigue en ejecución la nueva línea de alta tensión soterrada

Asturias.-La comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), presidida por la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha aprobado hoy la certificación final de la urbanización de la nueva zona industrial de Vilorteo (Gijón) con un precio de liquidación de 3.377.020,43 euros (IVA excluido). Las obras, consistentes en la preparación inicial de los terrenos, la dotación de suministros (agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones), la iluminación viaria y la construcción de los viales de acceso,  comenzaron en abril de 2015 y contaron con un plazo de ejecución de 18 meses, que fue cumplido por la adjudicataria del contrato, la empresa vías y Construcciones S.A.

En esta ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias hacia Gijón se ubicarán las instalaciones de reciclaje que el plan autonómico de residuos, ya revisado, encomiende al consorcio. La superficie disponible es de 17 hectáreas y tan solo se han ocupado hasta el momento los aproximadamente 3.800 metros cuadrados correspondientes a la recién construida subestación eléctrica.

Cogersa ha construido en Vilorteo, enlazando con la carretera principal del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín, un nuevo acceso de 1.440 metros de longitud, que permite desviar del vial municipal la circulación de los camiones que se dirigen a esta zona y al vertedero de escombros.

Nueva subestación eléctrica

La comisión delegada del consorcio también ha aprobado la liquidación de las obras de construcción de una subestación transformadora eléctrica, que se ubica precisamente en el área industrial de Vilorteo. Ésta instalación es la piedra angular de la modernización del sistema de suministro y evacuación de energía de las instalaciones de Cogersa en Serín. Fue adjudicada a la empresa Ingeniería y Suministros de Asturias SAU (Isastur) por 3.098.695,37 euros (IVA excluido), que ha sido el mismo de su liquidación, y tuvo un plazo de ejecución de quince meses. Está previsto que la planta transformadora entre en servicio en el primer trimestre de 2017.

Por otra parte, la empresa adjudicataria Elecnor S.A está construyendo una nueva línea soterrada de 22 kilovoltios, que cuenta con un presupuesto de 53.952,71 euros (IVA excluido) y que conectará la subestación con la línea aérea existente en el polígono de Serín. Las infraestructuras de suministro y evacuación eléctrica actuales databan de principios de los años 80, cuando apenas había en La Zoreda un depósito de residuos urbanos y unas pequeñas oficinas, por lo que resultaban insuficientes para cubrir las necesidades del centro,  compuesto por una docena de plantas industriales, una planta de depuración de lixiviados, tres vertederos y varios edificios de oficinas, entre otros.

En cuanto a la generación, Cogersa cuenta con un grupo de ocho motoalternadores que utilizan como combustible el biogás producido en el vertedero y que suman una potencia instalada de 6,1 megavatios. También se produce electricidad en la turbina de vapor aneja al horno de tratamiento de residuos infecciosos de origen hospitalario, mascotas y harinas cárnicas, que cuenta con una potencia instalada de 1,1 megavatios.

En la previsión de futuro se tiene también en cuenta la planta de biometanización que empezó a operar a finales de 2013 y que puede llegar a producir 3,4 millones de metros cúbicos anuales de biogás para alimentar el equipo de generación eléctrica existente.

Resolución del contrato Resa-Impulso

La reunión de hoy ha dado también luz verde a la resolución definitiva del contrato de servicios que se mantenía suspendido desde julio de 2015 con la Unión Temporal de Empresas (UTE), integrada por la consultora Recuperación de Energía S. A. (Resa SA) y la ingeniería asturiana Impulso. El contrato de asistencia externa tenía por objeto redactar el proyecto de construcción de la futura planta de valorización energética, así como los documentos necesarios para obtener las autorizaciones y los pliegos técnicos que iban a regir el procedimiento de contratación de construcción y puesta en marcha de una planta de valorización energética.

La suspensión del contrato se produjo a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), con fecha de 6 de julio de 2015, que anulaba el acuerdo aprobatorio del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (Perpa) y dejaba sin marco legal de apoyo la planta de incineración. La paralización se consolidó con el acuerdo de investidura alcanzado en la Junta General del Principado entre el PSOE e IU, que contenía entre otras propuestas la de renunciar a recurrir la sentencia y aplicarla en sus propios términos.