La letrada especializada en materia medioambiental ha acudido a Bruselas acompañada por el representante de la Asociación de Propietarios de Montes en Comunidad Romana (ASPROCORO), José Pablo Vicente Torres, y de la Parroquia Rural de Páramo, Ángel Lagar Patallo, así como por titulares individuales de terrenos afectados por las declaraciones de espacios protegidos
Pilar Martínez Abogados ha comparecido ante la Comisión Europea en Bruselas para denunciar la falta de compensaciones económicas a los afectados por la declaración de espacios protegidos en los parques naturales de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Ubiñas-La Mesa y otros incumplimientos de normativa europea.
Las eurodiputadas Ángela Vallina (IU) y Rosa Estarás (PP) han defendido la petición, solicitando que se mantenga abierta y se exija al Principado de Asturias el cumplimiento de las condiciones de la Directiva Hábitats.
La abogada ha obtenido recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la nulidad del decreto que aprobaba el nuevo Instrumento de Gestión Integral (IGI) de diversos espacios protegidos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias y declaraba Zona de Especial Conservación el mismo ámbito territorial, así como del decreto que aprobaba el IGI del parque Ubiñas - La Mesa y declaraba Zonas de Especial Conservación Aller-Lena, Caldoveiro, Montovo-La Mesa, Peña Manteca Genestaza, Peña Ubiña y Valdegrande de la montaña central de Asturias.
Pilar Martínez Abogados ha planteado en Bruselas la necesidad de que se revise todo el procedimiento de declaración Red Natura en estas zonas, haciendo especial incidencia en la falta de estudios técnico-científicos que las avalen.
"La Comisión Europea ha acordado dejar abiertas las peticiones y remitir cartas al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y al Principado de Asturias, pidiendo respuestas sobre estas cuestiones que hemos planteado, particularmente sobre las compensaciones a los afectados en ambos parques naturales”, sostiene la letrada.
“Parece evidente que el primer coste de la conservación ha de ser el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños. Además, así lo establece la jurisprudencia nacional y la europea”, finaliza Pilar Martínez.
