La comisión delegada del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), presidida por la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha aprobado hoy la adaptación de los estatutos que rigen el funcionamiento del consorcio a las leyes 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y 15/2014, de Racionalización del Sector Público.  La nueva redacción será sometida a la aprobación definitiva de la junta de gobierno de la entidad, donde están representados el Gobierno de Asturias y todos los ayuntamientos, el 19 de diciembre.

La reforma ha contado con el dictamen favorable de todos los asistentes a la reunión, excepto del representante del Ayuntamiento de Gijón.

El objetivo de esta modificación es dar cumplimiento a lo establecido en la reforma local, a la vez que se preserva y protege un modelo de gestión público y la coordinación supramunicipal de servicios que ha dado pruebas de eficacia a lo largo de sus casi 35 años de existencia.

Este proceso, marcado por la transparencia, ha estado abierto a la participación de todas las partes, dando a los ayuntamientos, en su calidad de socios y propietarios de Cogersa, a la propia Administración autonómica y a la sociedad, la ocasión de tomar parte e intervenir en el diseño de la estructura normativa interna de la entidad que presta el servicio de gestión de residuos.

La nueva redacción de los estatutos contiene como principal novedad la adscripción del consorcio a la Administración regional. Esto supone que se aplicará el régimen jurídico autonómico al régimen de personal y patrimonial, así como en materia presupuestaria, de control y contabilidad, de acuerdo con la normativa que en su desarrollo dicte la Administración.

El cambio responde a la aplicación de los supuestos recogidos en la nueva disposición adicional vigésima, más en concreto, el que hace referencia a que el consorcio administrativo debe colocarse dentro de la dependencia funcional y presupuestaria del socio que más control ejerza en su actividad.

Sistema de recuento de voto

Además, en el nuevo texto se fija una definición más concreta de la proporción con la que participan en el proceso de toma de decisiones cada uno de los socios propietarios: el sistema de recuento del voto, ponderado en función de la población de cada concejo, con reserva de un 20% del derecho de representación para la Administración autonómica. Este criterio fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en cuatro sentencias dictadas en 2015 para desestimar otros tantos recursos presentados desde diferentes ayuntamientos por Foro Asturias.

El sistema es el que se viene aplicando desde el origen de Cogersa con garantías de proporcionalidad, representatividad y funcionalidad, aunque en la validación del criterio se ha considerado, además, el hecho de que a lo largo de la historia del consorcio el Gobierno de Asturias ha realizado aportaciones económicas a las inversiones en nuevas instalaciones y servicios que superarían ampliamente ese 20% de asignación en el voto.

También se regula de forma más expresa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2014, el régimen del derecho de separación y disolución de los miembros del consorcio, junto con la exigencia de una mayoría más amplia (mayoría absoluta del voto legal, frente a los dos tercios de los asistentes que se exigían anteriormente) para alcanzar acuerdos relevantes en el seno de la junta de gobierno.