Cultura radiografía la situación actual del patrimonio industrial para ampliar su inventario y mejorar la conservación de bienes fundamentales en la historia de Asturias

-        El estudio contabiliza más de 1.700 elementos o conjuntos registrados, de los que un millar cuenta con algún tipo de protección, e incluye la primera base de datos unificada

El Gobierno de Asturias, a través de la Viceconsejería de Cultura y Deporte, ha elaborado un detallado estudio sobre el patrimonio industrial del Principado como primer paso para actualizar y ampliar el inventario, que data de los años 80 del pasado siglo, y promover actuaciones de mejora de la protección, conservación y divulgación de estos bienes, muchos de ellos fundamentales en la historia reciente de la comunidad.

El documento refleja la situación de este patrimonio en todos los municipios según los distintos inventarios y ofrece por vez primera una base de datos unificada, en la que se han contabilizado 1.700 elementos o conjuntos inventariados, de los que un millar cuenta con protección. El trabajo presentado hoy supone la culminación de una primera fase de análisis que continuará a lo largo de los próximos meses con el imprescindible trabajo técnico de campo.

El viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, y la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, han presentado el estudio técnico en el que se plantea la realización de un nuevo inventario que supondrá la ampliación hacia ámbitos poco estudiados o tenidos en cuenta y al patrimonio inmaterial vinculado a la industria y la historia social asturiana. Además, la Administración regional pretende ampliar el número de bienes que puedan ser incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

Domínguez ha recordado que la política del Gobierno de Asturias en relación con el patrimonio industrial se articula en torno a tres ejes estratégicos: el registro y protección jurídica de estos bienes, las intervenciones de conservación y restauración, y su divulgación. El estudio presentado hoy cumple con la primera de estas grandes líneas.

El trabajo, realizado por la arquitecta Clara Rey-Stolle, actualmente técnica del Servicio de Patrimonio Cultural, permite conocer la situación del patrimonio histórico-industrial en los catálogos urbanísticos y, a partir de ahí, el análisis de su situación en las tres categorías de protección reconocidas en la Ley de Patrimonio: Bienes de Interés Cultural (BIC), elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) y bienes incluidos en los catálogos urbanísticos municipales.

En el estudio se han comparado los datos recabados de los catálogos urbanísticos con los inventarios temáticos elaborados en las últimas décadas, la mayor parte promovidos por la Consejería de Educación y Cultura. El resultado de la recopilación de esta documentación y de su análisis es una base de datos única que aglutina toda la información sobre el número preciso de elementos del patrimonio industrial actualmente protegidos y su categoría de protección.

El trabajo ha contabilizado más de 1.700 elementos o conjuntos inventariados, de los que un millar cuenta con protección. Por citar algunos datos de relevancia, Mieres reúne el mayor número de elementos inventariados, con 271, de los cuales solamente 96 están protegidos.  Langreo, por su parte, cuenta con 197 inventariados y 131 protegidos; San Martín del Rey Aurelio posee 132 inventariados y 13 protegidos; Gijón tiene 120 inventariados y 82 protegidos, y Oviedo cuenta con 113 inventariados y 59 protegidos. Quince municipios no poseen ningún elemento inventariado ni protegido.

Respecto a las tipologías, casi la cuarta parte de los elementos protegidos son equipamientos y viviendas, y los sectores con mayor número de inmuebles con protección son las explotaciones mineras, las edificaciones de sistemas ferroviarios y las de sistemas portuarios.

Distintos niveles de protección

Tan sólo cuatro elementos o conjuntos del patrimonio industrial tienen la categoría de BIC: el conjunto del pozo Santa Bárbara, en la Rabaldana (Mieres), el pozo San Luis, en La Nueva (Langreo), el pozo Sotón, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), y el castillete de la mina de Arnao (Castrillón).

En el segundo nivel de protección, el IPCA, hasta hace unos años eran muy pocos los bienes incluidos: minas de Llumeres (Gozón), la estación de ferrocarril de Villabona (Llanera), el espacio minero de Solvay (Siero), la antigua fábrica de Conservas Lis (Soto del Barco) y el conjunto histórico industrial de Arnao (Castrillón). Actualmente, tras la inclusión este mismo año de 49 piezas de artillería histórica asturiana, existen un total de 86 elementos o conjuntos declarados y 56 incoados.

En cuanto a los catálogos urbanísticos, la figura más determinante de protección del patrimonio industrial en Asturias, 30 municipios poseen estos elementos, 6 los tienen con acuerdo de aprobación provisional, 24 están en proceso de elaboración y 8 cuentan con el visto bueno para su redacción. Sólo 10 concejos no han iniciado aún trámite alguno para su ejecución.

Actualización del registro

Las conclusiones del estudio van a permitir afrontar con garantías la actualización del registro de patrimonio industrial con que se cuenta desde mediados de la década de los 80 del pasado siglo, ampliándolo hacia ámbitos como la industria agroalimentaria o las minerías ajenas al carbón.

A partir de este nuevo registro, se abordará una fase previa de selección y valoración patrimonial de los elementos existentes, de manera que se registren aquellos que sean susceptibles de protección.

La presentación de este estudio se lleva a cabo en el marco del impulso que Cultura está dando a la política en torno al patrimonio industrial a través de la Comisión de Patrimonio Industrial, dependiente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, y también de la acción de gestión y coordinación con diferentes organismos e instituciones implicados en la materia.

Cabe recordar que hace apenas un mes se  constituyó el grupo de trabajo para gestionar el patrimonio industrial minero, en el que participan las direcciones generales de Patrimonio Cultural, Minería y Energía, y Comercio y Turismo, además de representantes de la empresa Hunosa, la Universidad de Oviedo y el sindicato SOMA-FITAG-UGT, con la intención de abrirlo a otros organismos.