La portavoz del Grupo Popular en la Junta, Isabel Pérez-Espinosa, reclama la supresión de la Procuradoría del Principado ante la duplicidad de funciones con el Defensor del Pueblo y el alto presupuesto de mantenimiento del un servicio que ya existe y que le cuesta a los asturianos 2.293.245 euros este año, según el desglose del Presupuesto General del Principado Asturias para 2011. Este presupuesto se desglosa en 1.212.745euros, 681.000 euros en gastos en bienes corrientes y servicios, 36.000 euros en transferencias corrientes, 328.000 inversiones reales y 35.000 en activos financieros.
La portavoz del PP afirma que “las funciones del Procurador general las debe asumir quien antes las ostentaba que es el Defensor del Pueblo quien representa al pueblo y tramita las quejas de los mismos ante la Administración. De hecho, según su definición formativa ambas instituciones tienen encomendados los mismo objetos y deberes”
Isabel Pérez-Espinosa señala que “austeridad, control del gasto y equilibrio presupuestario son los principios básicos que deben regir la actuación de cualquier administración pública, imprescindibles para conseguir que ésta sea una administración eficaz, racional y viable, por eso es necesario comenzar a evitar duplicidades y reducir gastos porque descentralizar no significa multiplicar por 17 toda la estructura del Estado y evitar duplicidades no recorta ningún derecho ciudadano porque existe el organismo competente que defiende esos derechos”.
Para conseguir este objetivo, la portavoz del PP en la Junta explicó que “la eficiencia no es duplicidad y más no siempre es mejor. Por ello, es imprescindible acabar con los solapamientos y gasto entre Administración central y autonómica con el objetivo de perfeccionar el diseño y funcionamiento de nuestro modelo territorial”.
Isabel Pérez-Espinosa no se queda ahí en sus reclamaciones de recorte porque considera que es necesario “definir y delimitar de una vez por todas las competencias estatales, autonómicas y municipales y con ello posibiliten la sostenibilidad de los servicios”. Por eso, asegura, “hemos acordado establecer como mandato constitucional la disciplina presupuestaria y, por tanto, todas las decisiones de gasto todas las administraciones públicas se adoptarán de acuerdo con el volumen de ingresos del que disponen”.
Dentro de la situación económica española y europea, la portavoz parlamentaria del PP es clara: “Las crisis dan las oportunidades para cambiar lo que no funciona y ésta nos va a ofrecer la oportunidad de estudiar qué servicios están ofreciendo a los ciudadanos por duplicado y poder así mejorar la eficacia en la gestión y la reducción del gasto y optimización de recursos”.
