- Ocho autonomías solicitan al Ministerio de Educación y Cultura la celebración urgente de una Conferencia Sectorial
El director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana, junto con representantes de las consejerías de Educación de Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla La-Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura, presentó ayer en la comisión central del Ministerio de Educación una propuesta para paralizar las reválidas previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que permita dar respuesta a la incertidumbre que afrontan alumnado, familias y docentes.
El documento reclama la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE, es decir, la suspensión de todas las reválidas finales de etapa. También apuesta por prorrogar un año más la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) vigente hasta ahora y por iniciar un debate para alcanzar un pacto por la educación en el que han de participar las autonomías y la comunidad educativa.
Los representantes de las ocho comunidades, reunidos ayer en Madrid, expresaron su rotundo rechazo a las evaluaciones externas y alertaron sobre la “permanente improvisación y falta de diálogo” por parte del Minsterio de Educación, al que también solicitaron la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial. Los ocho territorios consideran que su propuesta es la única que permite dar garantías y seguridad a los alumnos que cursan actualmente segundo de Bachillerato para que puedan acceder a la Universidad.
El documento fue expuesto en la comisión central del a Conferencia Sectorial de Educación, que tuvo lugar ayer en Madrid, y que los representantes de las ocho autonomías abandonaron al considerar improcedente su celebración.
El Gobierno de Asturias acordó el pasado 19 de octubre interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato. Con esta decisión, el Principado pretende paralizar la aplicación de las reválidas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato, que no cuentan con el consenso de las autonomías y rompen con los criterios pedagógicos de la evaluación continua del alumnado.
Por otra parte, con independencia de lo que determinen los magistrados del Alto Tribunal, el Ejecutivo autonómico ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Oviedo para organizar conjuntamente este curso la evaluación final de Bachillerato. Así, la institución académica se encargará de la elaboración material de las pruebas, con la participación de profesores de los cuerpos docentes de Secundaria, y asumirá también la organización de los procesos necesarios para que el alumnado pueda realizar la reválida con todas las garantías, como ha sucedido hasta ahora con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
Mediante este acuerdo se pretende transmitir un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa y garantizar que el alumnado de 2º de Bachillerato realizará una única prueba.
