Lucía Montejo: “la compra de carbón colombiano hace cómplice al Gobierno asturiano de las graves violaciones de Derechos Humanos al pueblo colombiano”

La diputada autonómica de Podemos Asturies ha asegurado este martes en Bruselas que “quienes firmaron el cierre de la minería en Asturies son los mismos que los que permiten la entrada del carbón colombiano manchado de sangre” y ha denunciado que “la compra de este carbón colombiano hace cómplice al Gobierno asturiano de las graves violaciones de Derechos Humanos al pueblo colombiano”.

En ese sentido, la parlamentaria ha abogado por “la puesta en marcha de una ecotasa que grave el carbón extraído en condiciones laborales y ambientales al margen de las garantías básicas de la UE”, ya que esto “no solo garantiza el hueco al carbón nacional en nuestro mercado, sino que fortalece la posición de Europa, España y Asturies en su apoyo a los DDHH en Colombia y el proceso de paz”.

Montejo ha explicado que “el carbón colombiano deja atrás miles de víctimas de violaciones de DDHH, incluidas comunidades indígenas como, por ejemplo, el pueblo wayúu, que muere de hambre y sed mientras las empresas del carbón incumplen obligaciones y responsabilidades sociales y órdenes judiciales”.

Lucía Montejo ha intervenido este martes en el Parlamento Europeo en el evento Derechos humanos y proceso de paz en Colombia, coorganizado por Podemos, junto a la eurodiputada Tania González Peñas, que ha participado en las últimas dos semanas en una misión al país andino de verificación de derechos humanos organizada por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO). Ambas formaron parte el pasado mes de marzo de la  XII Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.

Por su parte, la eurodiputada y portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo ha alertado de que “la ‘Ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia’ apenas está cumpliendo sus objetivos”, así como de “las consecuencias nefastas del modelo extractivista que se está extendiendo en Colombia, un modelo económico muy ligado al Tratado de Libre Comercio entre la UE y el país andino, que está siendo muy perjudicial para la población: saca los beneficios fuera del país y está vinculado a graves violaciones de los derechos humanos y medioambientales”.