-   El Programa Joven Ocúpate ofrece acciones de formación en alternancia con el empleo para aumentar las competencias de los participantes

-   El Principado autoriza un gasto de 7,2 millones para hacer frente al abono de la nómina del salario social de octubre

-   20.303 familias cobran actualmente la renta mínima, de la que se benefician más de 44.650 personas

-   El Ejecutivo autonómico dedica 1,7 millones al pago de los servicios de asistencia jurídica gratuita del segundo trimestre, un 19,81% más que en el mismo período de 2015

-   Aprobado el decreto por el que se crea el registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, con el que Sanidad pretende impulsar la prevención primaria del cáncer laboral

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy destinar 4.425.000 euros al Programa Joven Ocúpate, que persigue mejorar el acceso al mercado laboral de 665 menores de 30 años inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El Principado pretende con esta iniciativa, que combina formación y empleo, mitigar el grave problema del paro juvenil, que afecta especialmente a quienes no han finalizado los niveles básicos de educación y afrontan especiales dificultades para la inserción laboral.

El gasto plurianual autorizado tiene por objeto la concesión de subvenciones a entidades para la ejecución de las acciones previstas en el programa. En concreto, podrán beneficiarse de las ayudas las entidades locales, sus organismos autónomos y aquellos con competencias en materia de promoción de empleo, además de asociaciones sin ánimo de lucro y agrupaciones de ayuntamientos.

El proyecto incluye iniciativas de formación en alternancia con el empleo, que permitan a los jóvenes mejorar sus capacidades y actitudes, así como obtener una cualificación profesional de nivel 1: un certificado que reconoce la capacitación más básica para el desarrollo de una actividad laboral. La finalidad de estas acciones es la inserción de los destinatarios en el mercado de trabajo y, en segundo término, conducir a los jóvenes hacia acciones de formación que les ayuden a perfeccionar los conocimientos adquiridos, por ejemplo, accediendo a certificados de profesionalidad de nivel 2 o a estudios de FP de grado medio.

Durante seis meses, los jóvenes repartirán su jornada entre un trabajo con contrato para la formación y el aprendizaje, la formación básica en competencias clave y la formación para el certificado de profesionalidad.

En la primera etapa, que dura tres meses, el 80% de la jornada se dedica a la formación y el 20% al trabajo efectivo. Durante el cuarto y el quinto mes, la jornada laboral se distribuye al 50% entre ambos apartados. Finalmente, en el sexto mes se dedica el 75% del tiempo al trabajo y el 25% a la formación. Al finalizar ese período, los jóvenes contarán con un servicio de apoyo y acompañamiento a la inserción laboral de otros seis meses.

El Programa Joven Ocúpate, dirigido a mayores de 16 años y menores de 30, persigue incentivar la actitud proactiva de los participantes, de forma que, una vez finalizada la acción ocupacional, establezcan vínculos con los recursos formativos y laborales a su disposición. Así, se considera la inserción desde una doble perspectiva: en algunos casos, tras finalizar la acción ocupacional, los beneficiarios acceden a un empleo a través de un contrato de trabajo (inserción profesional); en otros, cuando finalizan el programa, los jóvenes se incorporan a diferentes acciones formativas, bien del ámbito laboral o del educativo (inserción formativa).

La iniciativa se enmarca en las directrices de la Estrategia Europea 2020, el Plan Nacional de Garantía Juvenil y el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social de Asturias 2016-1019.

En la convocatoria pasada, se subvencionaron en total 51 proyectos con 466 participantes, a los que se dedicaron 3,5 millones.

Más de 83 millones para el salario social

El Ejecutivo autonómico ha autorizado un gasto de 7,2 millones para el abono de la nómina del salario social correspondiente a octubre, que ascenderá a 9,3 millones. El actual presupuesto prorrogado contempla un gasto anual para el salario social de 83,3 millones y, por tanto, una vez consumido ese crédito, es necesario habilitar nuevas cuantías hasta fin de año. 

Un total de 20.303 familias cobran actualmente esta ayuda, de la que se benefician más de 44.650 personas, según las estimaciones de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

El salario social es la prestación económica de ingresos mínimos que el Gobierno de Asturias concede a las personas que carecen de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. La ayuda se otorga en función de los recursos de la unidad familiar y constituye el principal instrumento del Ejecutivo autonómico para luchar contra la exclusión social. 

El Principado es actualmente la comunidad autónoma de régimen fiscal común que más recursos dedica a esta renta mínima.

1,7 millones para el pago del servicio de justicia gratuita

El Principado ha dado luz verde al pago de 1.754.197 euros a los colegios de abogados y procuradores para abonar las minutas correspondientes a los servicios de asistencia jurídica gratuita del segundo trimestre. Esa cuantía supone 290.068 euros más que lo pagado en el mismo período de 2015 a ambas corporaciones de derecho público, lo que representa un incremento del 19,81%.

Asturias es la cuarta comunidad con mayor inversión por habitante en justicia gratuita después de Cataluña, Canarias y País Vasco. Durante este año, el Ejecutivo regional ha abonado por este concepto 4.609.719 euros.

Alrededor de 3.000 profesionales de la abogacía se encargan de ofrecer justicia gratuita en la comunidad. El servicio más demandado es el turno de oficio, seguido de la asistencia letrada.

Prevención del cáncer laboral

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos. La Consejería de Sanidad aspira a que este registro se convierta en la principal herramienta de prevención primaria del cáncer laboral en Asturias.

La norma establece que los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas deberán comunicar semestralmente a la Dirección General de Salud Pública información de los trabajadores en activo que, según su evaluación de riesgos, hayan estado expuestos en el pasado  a agentes cancerígenos o lo estén en la actualidad.

Las compañías deberán trasladar su informe a la Consejería de Sanidad en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto. Esta comunicación inicial incluirá la información retrospectiva disponible sobre los trabajadores en activo. A partir de ese momento, los datos se actualizarán cada seis meses.

La Dirección General de Salud Pública puso en marcha en 2011 un programa para detectar casos de cáncer profesional a través de los médicos de atención primaria, con el propósito de mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades relacionadas con el trabajo y ahondar en la relación entre exposición laboral y cáncer.

Este decreto supone un nuevo avance en este proyecto, que ha permitido estudiar a más de 566 trabajadores diagnosticados de cáncer en situación de baja laboral. Tras la valoración de las historias, se han encontrado 27 casos con altas probabilidades de ser clasificados como enfermedad profesional (5% del total) y en otros 65 (11,5%) se ha acreditado una relación clara, aunque menos intensa, entre la enfermedad y el ambiente laboral. En el 83,4% restante (474 casos) el cáncer se considera una enfermedad común.

La creación del registro responde a uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019.

Adenda al convenio para la gestión del programa Carné Joven

La Consejería de Presidencia y La Caixa suscribirán una adenda por la que se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2017 el convenio de colaboración que mantienen y, en virtud del cual, la entidad financiera se hace cargo de la gestión del programa Carné Joven en Asturias.

El acuerdo concede a La Caixa la gestión y emisión de las cuatro tarjetas jóvenes asociadas a este servicio, que van dirigidas a facilitar la movilidad y el acceso a bienes culturales y sociales de usuarios de entre 12 y 30 años de edad.

En Asturias, el Carné Joven funciona desde 1987 y actualmente se benefician de él cerca de 5.500 personas, que disfrutan de descuentos en productos y servicios ofrecidos por más de 500 empresas.

Las compañías e instituciones asociadas ofrecen descuentos mínimos del 10% a los jóvenes titulares. Este tipo de ventajas funcionan en todas las comunidades autónomas y 39 países europeos.