El Gobierno de Asturias interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato.

El Principado pretende, mediante esta decisión, que se paralice la aplicación de las reválidas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato, que no cuentan con el consenso de la comunidad educativa, ni de las comunidades autónomas, y rompen con los criterios pedagógicos de la evaluación continua del alumnado. 

Con independencia de lo que determinen los magistrados del alto tribunal, el Principado ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Oviedo para organizar conjuntamente este curso la evaluación final de Bachillerato. Así, la institución académica se encargará de la elaboración material de las pruebas, con la participación de profesores de los cuerpos docentes de Secundaria, y asumirá también la organización de los procesos necesarios para que el alumnado pueda realizar la reválida con todas las garantías, como ha sucedido hasta ahora con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Mediante este acuerdo se pretende transmitir un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa y garantizar que el alumnado de 2º de Bachillerato realizará una única prueba.

Más recursos para mejorar la movilidad en el área metropolitana

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de la redacción de un plan para la movilidad multimodal en el Área Metropolitana de Asturias (AMA). El trabajo está presupuestado en 450.000 euros que se financiarán en tres anualidades: 11.250 euros este año, 348.750 en 2017 y los 90.000 restantes en 2018.

La inversión permitirá dotar a la Administración de una herramienta útil para la política de movilidad del AMA. Los planes de actuación tendrán distintos niveles, que incluyen intervenciones sobre la red ferroviaria y viaria, nuevos equipamientos de transporte y adaptación de los actuales, oferta de más  estacionamientos que faciliten el intercambio al transporte colectivo y adecuación de entornos urbanos, así como el consiguiente desarrollo normativo.

Este plan es la principal herramienta para desarrollar una de las siete directrices propuestas por la Consejería de Infraestructuras para ordenar el espacio metropolitano, que se caracteriza por flujos crecientes de personas, mercancías e información. En concreto, la directriz que aboga por una movilidad pública más sostenible propone trabajar para que las redes de transporte que ya existen sean más eficientes y se complementen mejor y para que los ciudadanos opten cada vez más por el uso de los distintos modos de transporte público.

Este documento, en consonancia con el anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, que se va a trasladar ya al Consejo Consultivo, se diseñará a partir de una encuesta de movilidad que refleje la situación actual y los  comportamientos y necesidades de los ciudadanos.