La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies se opone al pase a concesión de explotación del permiso de investigación denominado Campalcarro en el concejo de Belmonte de Miranda promovido por la mercantil Orovalle Minerals SL.

Se trata de una nueva mina subterránea en el complejo minero contaminante del Valle-Boinas en Belmonte, "que acumula numerosas denuncias por incumplimientos de las condiciones ambientales que tiene la actividad minera por vertidos a los cauces de la zona desde el año 2010 que lleva la nueva explotación, a pesar de ello se le permite seguir funcionando en precario con la complicidad del Principado que le consiente esta precariedad que hemos denunciado en numerosas ocasiones", según denuncia el colectivo en nota de prensa hecha pública hoy.

"Se pretenden aumentar las toneladas a explotar en la zona de Belmonte, reduciendo en la misma medida las toneladas a extraer de la mina de Carles en Salas y no pasar del límite actualmente autorizado del total del mineral a tratar en la planta de Begeca en Belmonte que es de 787.590 toneladas al año", aseguran. El proyecto pretende que "el mineral a tratar en la planta de concentrado cianurado, sea un 40% de la nueva explotación de Campalcarro, otro 50% de la actual explotación de Boinas y reducir a un 10% la aportación de Carles para poder mantener los 160 empleos que tiene la minera".

La de Carles es una  explotación que  acaba de volver a explotarse "después de pararla en marzo del 2015 por la bajada del oro, lo que extraña es esta reapertura por unos meses en vista de los proyectos de la minera de reducirla a casi nada en cuanto se inicie el tajo de Campalcarro para el que tiene ya todas las bendiciones de Minas del Principado", afirman. "Nos oponemos porque en el estudio presentado por la empresa minera presenta numerosas deficiencias y una falta de rigor que a nuestro juicio  invalidan la tramitación a esta explotación como solicita la empresa Canadiense Orvana Minerals titular de la asturiana Orovalle.

No  se recoge como puede afectar las perforaciones de nuevas galerías a aguas subterráneas ni a los acuíferos existentes en la zona.  No se valoran ni su posible contaminación ni afección por la explotación que se realizaría. No se concreta de donde se abastecerá el agua que se use para el proceso. No se dice ni cuantos materiales van a ser los excedentes, ni donde se van a llevar porque se hablar de rellenar las galerías, pero nada se dice de los sobrantes del proceso, hay que recordar la obligación de llevarlos en caso de haber materiales excedentes a  vertederos autorizados. No se concreta cuando mas va aumentar la contaminación por arsénico en la zona, con los riesgos que supone esta para la cuenca del Narcea donde esta las explotaciones mineras", arguyen.

"Debe aclararse la acreditación documental de los tratamientos de residuos que se generan en el proceso de manera especial las colas cianuradas que quedan latentes durante decenas de años después de finalizar la explotación minera, así como la adecuada trazabilidad de este residuos que ahora se vierte en la cuenca del Narcea en unos vertederos que nadie puede garantizar que duren tanto años", denuncian. "Estamos hablando de una actividad minera que genera residuos durante décadas después de finalizada la explotación, que precisa gastos continuos de conservación y mantenimiento para evitar fugas, filtraciones y vertidos de los residuos mineros".

Es por lo que han solicitado se someta dicho proyecto a Procedimiento Reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, con la inclusión dentro del necesario Estudio de Impacto Ambiental, además de lo todo prescrito en la Ley 21/2013, al entender que no se puede permitir una actividad minera contaminante con los antecedentes continuos de incumplimientos ambientales que tiene la empresa "con este nefasto informe ambiental presentado".