El Principado se suma en esta petición a otras once comunidades, que instan también al Gobierno central a garantizar la viabilidad económica de la reválida de segundo de Bachillerato

El Principado de Asturias se ha sumado al grupo de comunidades autónomas que han acordado solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el mantenimiento de la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) durante este curso 2016/2017. Los directores generales de Universidades de doce gobiernos regionales han suscrito un escrito común en el que instan al Gobierno de España a que garantice la viabilidad económica de la evaluación final de Bachillerato, también conocida como reválida, “no solo en el presente curso académico sino también en el futuro”.

Las comunidades que han firmado el documento son, además de Asturias, Extremadura, Canarias, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y La Mancha, Navarra y Cataluña. Los firmantes consideran que, ya que la implantación de la evaluación final de Bachillerato se va a realizar avanzado el curso académico, “resulta preferible prorrogar el actual sistema de PAU”, al menos en esta ocasión.

Además, recuerdan que la prueba de acceso común a la Universidad que establece la LOMCE no tiene, durante este curso, efectos académicos para la obtención del título de Bachillerato, por lo que solicitan al ministerio que busque una fórmula para prorrogar la actual PAU.

Los responsables autonómicos de Universidades proponen que, en caso de que no se prorrogue esta prueba, “la evaluación final de Bachillerato se asemeje lo más posible a la PAU en cuanto a estructura y organización” y sugieren al Ejecutivo central que “avance en esta línea”.

También piden que se explicite que se trata de una prueba obligatoria “exclusivamente para el acceso a la Universidad” y que, por tanto, todo estudiante de Bachillerato que no quiera continuar sus estudios en la universidad “tiene la posibilidad de no presentarse”.

“Deseamos subrayar que con el nuevo Bachillerato, la prueba de acceso complica su logística y encarece su coste, que además recae exclusivamente sobre las comunidades autónomas sin que el ministerio haya previsto la debida financiación”, aseguran los directores generales de Universidades en el documento, en el que, además, reconocen que “sin la garantía de este soporte financiero” los gobiernos autonómicos difícilmente podrán hacer frente a la organización de la prueba.

En el manifiesto se insta también al ministerio a convocar a los representantes de las comunidades para explicar el desarrollo y otros aspectos técnicos de la reválida, ya que son “las responsables de implantarla y las encargadas de negociar con las universidades, las familias y la comunidad educativa, y las que deben afrontar las todas las dificultades que eso implica”.